El ALCA y el TLC

EL ALCA

“Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar para las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Artico hasta la Antártida y libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital, en todo el Hemisferio”. (Colin Powell)
Culminado, en su primera fase, el proceso de implantación de las políticas aperturistas, en Latinoamérica, a finales de 1994, el gobierno de Clinton reunió a los dóciles mandatarios de los otros 33 países, para que firmaran el compromiso de uncir las economías de estas naciones, a manera de vagones, a la locomotora norteamericana. No satisfechos con los estragos causados en más de dos lustros de neoliberalismo, requerían culminar la faena emprendida desde los ya centenarios tiempos del canal de Panamá, y consolidar la hegemonía en su tradicional “patio trasero”. La propuesta de crear un Area de Libre Comercio desde Alaska hasta La Patagonia tiene ese fundamental objetivo y ha venido siendo desarrollada, sin pausa, hasta su implantación programada, en principio, para el año 2005. En torno de sus conceptos y propósitos surgen, desde la óptica del movimiento sindical, varias preocupaciones y serios interrogantes.
¿Puede ser, como se dice, que el ALCA se constituya como un acuerdo equilibrado y de beneficio mutuo?
A nuestro modo de ver ello no es posible, principalmente por las enormes diferencias existentes en el grado de desarrollo de los países participantes como se puede observar al cotejar la participación de cada uno de los socios de tal empresa en la generación del PIB continental.
Tan apabullante realidad implica, sin lugar a dudas, que las mercaderías y los capitales que van a fluir libremente, sin ningún tipo de barreras u obstáculos son los que se originan en la poderosa, pero resquebrajada economía estadinense, arrasando con los escasos vestigios de desarrollo industrial y agropecuario de los restantes países, incluidos Canadá y Brasil, los únicos contendientes con algún peso productivo.

Si nos remitimos a la renta per cápita, ésta oscila desde los US$30.600 de Estados Unidos hasta los US$100 de Haití, pasando por los US$1.963 de Colombia y los US$430 de Nicaragua.
¿Es posible que la liberalización del comercio, genere crecimiento económico y prosperidad en el hemisferio?
La respuesta a este interrogante hay que buscarla en los resultados de la aplicación de las políticas de apertura del mercado, practicadas en todo el subcontinente. En primer lugar el crecimiento de la economía bajo los conceptos neoliberales ha sido inferior a las expectativas creadas e incluso al registrado antes de la imposición de estos esquemas bajo la batuta del FMI. En el caso colombiano, la promesa al instaurar la era neoliberal fue que “...el crecimiento promedio anual del PIB, en toda la década sería del 5.35%...” El promedio de crecimiento del PIB, en pesos corrientes, desde 1991 a la fecha es de 2.6%, menos de la mitad de lo pronosticado. Pero si lo medimos en dólares el asunto es más grave, pues desde 1997, cuando llegó a su punto máximo –US$95.963 millones- ha venido en picada hasta llegar a un poco más de US$80 mil millones, en 1999, para luego volver a subir levemente hasta US$83.201 millones en 2001.

El ejemplo más relevante de cual es el resultado de las políticas de “libre comercio”, nos lo entrega el caso mejicano, donde el PIB per cápita creció apenas un 1,7% entre 1994, fecha de implantación del TLC y 2000.
De igual manera los ingresos de los trabajadores se han venido a pique bajo el imperio neoliberal. En Méjico los ingresos reales cayeron 2,6% y en nuestros lares ha ocurrido otro tanto, puesto que los empleados estatales casi un millón de colombianos, han perdido en los últimos años el 28.62% de su ingreso, por la vía de los ajustes salariales por debajo de la inflación. En cuanto a los cuatro millones de asalariados que perciben el salario mínimo sus ingresos han caído en un 10.9% en el mismo período.
La otra fatal consecuencia de los postulados de aparente librecambio es el incremento del desempleo y el deterioro de las condiciones laborales de quienes logran mantener su puesto de trabajo. Desde 1990 a la fecha la tasa de desocupación ha crecido del 8% de 1994 al 15.7% de 1998, alcanzó casi el 20% a marzo de 1999, para estabilizarse en una cifra cercana al 18% y luego bajar, en las estadísticas oficiales, aún más amañadas ahora con la reformas introducidas en la metodología del DANE.

Como se puede ver en el gráfico el sector real de la economía (industria, agricultura y minería), ha visto reducida su participación en el empleo –del 45.3% en 1980 al 33.1%- en beneficio de los servicios y la especulación financiera que han incrementado su presencia del 25.2% al 49.1%. De igual manera la fuerza laboral se ha desplazado hacia las actividades de la denominada economía informal, en la cual subsiste más del 60% de la población ocupada.
C O M P O S I C I O N D E L E M P L E O

Para colmo de males, bajo el disfraz de las cifras se oculta el reemplazo veloz del empleo permanente por el temporal. Para 1999, más del 40% de los puestos urbanos de trabajo correspondía a operarios vinculados bajo la figura del empleo temporal o el subempleo, lo que implica un deterioro brutal de los ingresos. Durante el mandato Pastrana, el subempleo creció del 20.8%, en 1998, al 35.5% en 2002. Y, según el último informe del DANE, mientras el empleo temporal creció 3.8%, entre marzo de 2002 y marzo del 2003, el empleo permanente decreció 4.5%.
El bajo crecimiento de la economía, el incremento del desempleo, el deterioro de las condiciones laborales, la informalidad y los bajos ingresos han redundado en la desmejora de las condiciones de vida. Después de anunciar, Cesar Gaviria, en 1990, que , “La pobreza llegará a representar en 1994, no más que un 27.3% de la población”, el resultado a la fecha es que el 60% de la población se encuentra en esa condición. Otro tanto sucede con los indicadores de cobertura en salud y educación y la desmejora en la calidad de la prestación de esos servicios sociales.
¿Es la estrategia de conquistar el mercado externo, entregando el interno, lo que nos puede sacar del subdesarrollo?

Mientras se pronosticaba que el futuro de nuestra economía estaba en conquistar los mercados externos, la balanza comercial de los últimos tiempos muestra todo lo contrario. En síntesis el balance de la gran estrategia de “insertarnos en la economía internacional” nos ha costado la bicoca de más de US$18.000 millones.
Similar situación encontramos en la balanza comercial de América Latina y, en especial de Méjico, país que exhibe un déficit comercial en el sector agropecuario de US$2200 millones en 2001, después de haber obtenido un superávit de US$600 millones en 1995. Esta circunstancia se hace aún más gravosa, en cuanto el discurso librecambista viene acompañado de medidas proteccionistas, como las tomadas recientemente por Estados Unidos para proteger su producción agropecuaria, siderúrgica y textilera, entre otras. Debido a ello mientras las exportaciones de América Latina hacia Estados Unidos bajaron del 35% en 1950 al 13%, las exportaciones de la potencia del Norte hacia esta región subieron de US$31.000 millones a US$93.000 millones, en sólo diez años.
¿Es factible que en el marco de las políticas aperturistas se respeten las normas fundamentales del trabajo, internacionalmente reconocidas?
Si nos atenemos a los hechos, la respuesta es no. La constante en todos los países del área es que las políticas de apertura comercial han venido acompañadas de una reducción de los derechos laborales y las garantías sindicales. Es suficientemente conocido que en la zona del norte de Méjico, donde se han instalado muchas empresas transnacionales se impuso la prohibición de sindicalizarse, tal cual sucede en las Zonas Francas, establecidas para que los monopolios exploten la fuerza de trabajo de nuestros países, sin atenerse a incómodas normas laborales.
Es evidente que la forma de producción preferida de los inversionistas extranjeros que han venido y seguirán viniendo, atraídos por las ventajas que se les otorgan y la barata mano de obra, es la maquila. Esa modalidad que entraña salarios por debajo del mínimo legal, extenuantes jornadas de trabajo de más de doce horas, sin recargos ni extras, ausencia de amparo legal, limitación a la acción gremial y sindical, condiciones insalubres de trabajo y explotación inmisericorde de la mano de obra femenina e infantil.
¿Mejoraran los servicios públicos domiciliarios y la seguridad social, bajo las normas que eliminan las restricciones para la inversión privada extranjera?
En las épocas anteriores los servicios eran esa correa mágica que unía el sitio de residencia de los núcleos humanos con la usura de los empréstitos internacionales de las empresas públicas del ramo. Con el advenimiento de la era neoliberal la relación entre el capital monopolista extranjero, en esta área, se transformó y las empresas estatales fueron adquiridas a precio de ganga por los inversionistas foráneos.
Sin embargo, esta es una rama de la economía que es muy atractiva para la inversión monopolista, en cuanto es un mercado cautivo, de obligatorio consumo. De otro lado, ante la baja rentabilidad de las faenas productoras de bienes materiales, los capitales especulativos encuentran en los servicios un sector aún no saturado, en el que la tasa de ganancia no ha decrecido tan aceleradamente, como sucede en el sector real de la economía, donde la contradicción entre los elevados niveles de producción y la baja capacidad de consumo de las mayorías ha generado crisis recurrentes de sobreproducción, por las razones ya anotadas.
En cuanto a los servicios de salud, seguridad social y educación, forman parte de la agenda privatizadora, en cuanto se les considera, junto al agua, como las áreas de mayor crecimiento y potencialmente más lucrativos. Es sabido que los gastos mundiales en servicios hídricos actualmente exceden un billón de dólares anuales; en educación superan los dos billones de dólares y en salud los 3,5 billones de dólares. Por eso se viene presentando una invasión de empresas de salud estadounidenses, tales como Aetna International y American International, firmas que registran un crecimiento anual de 20% y altísimas utilidades, en esa región.
No es gratuito que el Plan de Desarrollo, recién aprobado, contenga un marcado énfasis en la privatización de esos servicios, a costa de elevar las tarifas para hacerlas rentables y desmontar las escasas prerrogativas de los asalariados vinculados a esas empresas. la desmembración del ISS y la conversión de los hospitales en sociedades de economía mixta, bajo el disfraz de la “capitalización social”, son pasos previos en la dirección de preparar el terreno para la avalancha de inversiones gringas en esas áreas. Las consecuencias de tales medidas no son difíciles de prever: empobrecimiento de los trabajadores, desmejora de los servicios y elevadas tarifas.
¿Cuál será el futuro de los trabajadores del campo cuando se libere totalmente el comercio de los productos agropecuarios?

El campo colombiano ha sufrido de viejos males que se han visto agravados con la apertura económica. A los problemas estructurales de concentración de la tierra, improductividad, bajo nivel tecnológico, escaso crédito y carencia de precios de sustentación, se han sumado los efectos de la avalancha importadora creada por la liberalización comercial.
Las importaciones agropecuarias que sólo llegaban a US$377 millones en 1991, alcanzaron, en 2001, la escandalosa cifra de US$1.635 millones, un incremento del 334%. Esta política orientada a darle salida a los excedentes agrícolas norteamericanos, no es tan novedosa puesto que en 1981 ya importábamos el 50% de los cereales que consumíamos y requiere como complemento el que la tierra se encuentre ociosa, a través de la concentración de su propiedad en manos de unos pocos latifundistas que, de esa manera, contribuyen a la sojuzgación de la nación y al mantenimiento de los rezagos feudales. De esa manera hemos pasado de cultivar 4 millones de hectáreas – el 12% del área cultivable- a menos de 3,2 millones, lo cual significa la pérdida de 800.000 hectáreas, es decir de más de 200.000 puestos de trabajo. A la par, la propiedad se ha concentrado más, al punto que el 53.7% de la tierra se encuentra en poder del 1% de los propietarios.
Esta desigual competencia se ve más distorsionada aún por los subsidios que los países desarrollados otorgan a sus agricultores o ganaderos. El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar subsidios para la agricultura, para los próximos cuatro años, por US$180.000 millones, en tanto que sus pares de Europa no se quedan atrás y vienen entregando casi US$50.000 millones cada año. Alguien afirmaba, entre risas y lágrimas, que es mejor ser una vaca en Japón o Europa, que un ser humano en el Tercer Mundo, pues en aquellas latitudes poseer una vaca da derecho a un subsidio diario de US$2.5 por cabeza, en Japón o US$7 en Europa.
¿Para los empleados del sector financiero y el conjunto de la economía será favorable la implantación de la libertad absoluta de las inversiones de capital?
Es evidente que los términos planteados hasta el momento en los borradores de acuerdo sobre las condiciones para el acceso de la inversiones son leoninas y desventajosas al interés nacional. Otorgarle al gran capital norteamericano el mismo trato que al inversionista nacional, es simplemente, como se dijera en el pasado, colocar en el mismo cuadrilátero y bajo iguales condiciones A Mike Tyson y el “Happy” Lora. Aparte de ello la imposibilidad de exigir requisitos de desempeño al capital, como la utilización de un porcentaje de componentes nacionales, y permitirle la libre transferencia de las utilidades constituye un desangre fatal para las exangües economías latinoamericanas.
Ello implicara una cascada especulativa sin precedentes que reforzará la ya fuerte tendencia a que el sistema financiero caiga en manos de los grandes bancos norteamericanos, que ya han venido mostrando cuales son sus políticas, en materia de garantías laborales y respeto a los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga
¿Favorecen los intereses nacionales la apertura de las compras del estado a las empresas extranjeras y la protección de los derechos de propiedad intelectual?
La apertura a la participación de los monopolios extranjeros en el suministro de bienes y servicios a los gobiernos locales significa la renuncia a que se estimule a los proveedores nacionales, estableciendo normas que les otorguen alguna ventaja frente a la desigual competencia con la poderosa economía norteamericana.
Tampoco resulta conveniente que promuevan mecanismos que fortalezcan la protección a los derechos de patentes y propiedad intelectual, en cuanto que ello permite mantener, en el área farmacéutica, los altos precios de los medicamentos e impide que los gobiernos suministren medicinas genéricas, más baratas, a los pacientes de escasos recursos, la mayoría de la población. Además esta práctica se busca extenderla a patentar plantas y formas animales, como semillas, en beneficio del aparato productivo y científico norteamericano, el cual controla la inmensa mayoría de las marcas y patentes.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El fondo del problema consiste en que la implantación del modelo aperturista no pudo evitar la crisis del sistema imperialista y Estados Unidos se ve forzado a arreciar la ofensiva política y económica, entrando en contradicción hasta con sus socios del G7. La férrea unidad exhibida por los países industrializados, al socaire del derrumbe del Muro de Berlín, en torno del empeño de imponer los dictámenes aperturistas, a comienzos de los noventa, viene cediendo el paso a un cada vez más agudo enfrentamiento. El sistema imperialista se ve agobiado por la disminución de la tasa de ganancia del capital, la alta concentración monopolista, la ínfima capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría y la voracidad del capital financiero especulativo.
La preeminencia de la especulación sobre la producción y la merma de los márgenes de ganancia han venido enturbiando las relaciones entre las potencias, al punto que en la última reunión del G-7, en febrero pasado, la conclusión fue que ¨Cada nación del Grupo debe dar sus propios pasos para impulsar el crecimiento¨, es decir ¡Sálvese el que pueda¡ En esas circunstancias la repartición de las zonas de influencia, los mercados, los recursos naturales, etc., se torna más agresiva, dando paso a una etapa de intensa confrontación, en la que los vientos de guerra tienden a convertirse en huracanes. En un mundo caracterizado por la ofensiva recolonizadora en contra del Tercer Mundo, emergen con mucha fuerza las contradicciones interimperialistas, llamadas a jugar un papel determinante en el futuro cercano de la humanidad.
La principal expresión de esta nueva situación es la honda crisis que atraviesa la todopoderosa economía norteamericana, exhausta ante una apabullante deuda, un creciente déficit, una drástica contracción de la demanda, factores que sumados dieron origen al estallido de la burbuja especulativa de finales del siglo pasado y al derrumbe de varias de las empresas más poderosas, en medio de escandalosas corruptelas. El inevitable traslado de las angustias de la economía al terreno de la política, ha llevado a Estados Unidos a asumir una agresiva y arrogante actitud, en procura de pasar del multipolarismo a su hegemonía absoluta, una aspiración de muchos imperios, a lo largo de la historia, que siempre ha tropezado con la resistencia de los pueblos y ha sido derrotada.
El pretexto ideal para imponerle al mundo sus determinaciones ha sido la batalla contra quienes a su parecer son terroristas. Detrás de las arengas que llaman a la cruzada contra el terrorismo, invocadas en la reciente agresión imperialista contra Irak, se oculta la apremiante necesidad de controlar la riqueza petrolífera del Medio Oriente y presionar a las naciones de Europa, urgidas del combustible que allí se produce. Para sacar adelante tales designios no han escatimado esfuerzos y desconocieron a las viejas instituciones que presidieron el devenir del mundo, en los últimos cincuenta años, debilitándolas y mostrándolas como obsoletas.
Se implantan nuevas tecnologías, más sofisticadas, a la par que se incrementan los niveles de producción, se disminuye la tasa de ganancia de los inversionistas. Los trabajadores vinculados a esas faenas decrecen, reemplazados por los renovados equipos y sus salarios se ven disminuidos. La masa con capacidad de compra y su propio poder adquisitivo se contraen, generando una contradicción insalvable entre los elevados niveles de producción de bienes y la escasa demanda de ellos. La “sobreproducción” se extiende, los inventarios crecen, los compromisos financieros se dilatan hasta el no pago y la burbuja estalla.
En cuanto a la propuesta de resolver esta trascendental discusión mediante una consulta popular o un plebiscito para que “sea la democracia la que decida”, vale la pena recordar lo anotado por Francisco Mosquera, al respecto, cuando advertía que “...con las ‘asambleas populares’, las ‘consultas populares’’ y demás artificios ‘populares’, las cabildadas se terminan legitimando”. Por esa razón señalaba certeramente que “Los partidos pequeños, e inclusive las fuerzas con raigambre electoral pero que no gozan de las simpatías del estrecho círculo dominante, al promover el referendo y la constituyente como los métodos democráticos jamás descubiertos; y creyendo, desde luego, que así cristalizan sus aspiraciones políticas, acabarán engañándose a sí mismos y de paso al pueblo”.