SC.- Cuando se aproximan los cinco años de la Ley 100 e inicia un nuevo gobierno ¿Cual es la visión del Sistema desde la Presidencia de ASMEDAS.
PC.- La situación que hoy vive el sector de la seguridad social en salud es dramática. Realmente estos cinco años que va a cumplir la aplicación de la Ley 100 han demostrado que el modelo fracasó. Nuestra visión es muy clara. Hay crisis hospitalaria, que es la base fundamental de la oferta de servicios estatales a la población más necesitada de Colombia.
En el punto de las Empresas Solidarias, que se vincularon a la salud, han demostrado que a pesar de que han hecho ingentes esfuerzos para poder persistir, hoy vemos la crisis del sistema cooperativo y reaalmente tampoco tienen posibilidades de una viabilidad financiera y administrativa hacia el futuro.
El sector de las EPS, las empresas promotoras de salud del sector privado, pueden estar en un momento especial buscando el equilibrio, pero realmente creemos que están compensadas por los otros sistemas de la seguridad social que les ayudan a mantenerse.
Pero quien está bastante perjudicada con esta Ley es la población. Se había dicho que una de las grandes bondades de la Ley 100 era la cobertura, y los mejores datos que se tienen en el Ministerio de Salud no llegan al 47% de la población colombiana, aceptando esa cobertura que realmente no es así. Una cosa es la gente a la que se ha carnetizado y otra quienes han recibido realmente el servicio.
Por ello creemos que es el momento, 5 años, para que hagamos una gran reflexión todos los actores del Sistema, para poder asumir las responsabilidades correspondientes y hacer una propuesta que saque del atolladero la situación de salud del país.
SC.- ¿Como ve las diferencias entre la situación de las EPS públicas y las EPS privadas?
PC.- Las dificultades que tenemos hoy en el país frente a esta división de EPS públicas y privadas tiene que ver fundamentalmente con que a las primeras le ha correspondido asumir el reto de la atención a las familias de los afiliados. Esto ha generado un revolcón en el campo de la financiación de los servicios. Las entidades públicas que no apreciaron este fenómeno, que no se prepararon y no manejan correctamente la financiación de los servicios hoy se encuentran en una bancarrota. Es el caso del Seguro Social, de Cajanal y Caprecom. Además, si a eso le agregamos el problema de la politiquería, el clientelismo y la corrupción, pues están en grandes dificultades y en gran desventaja con el sector privado, que maneja unas EPS nacientes de la Ley 100, que no tienen cargas impositivas en el campo laboral y que han adecuado su financiación y sus servicios al número de usuarios que les ha llegado y de acuerdo al dinero que les ha entrado.
SC.- Y en el régimen subsidiado ¿Cual es la opinión general de las Administradoras?
PC.- Nosotros somos enemigos de la intermediación en la prestación del servicio. Hemos descubierto, y cada vez son mayores las denuncias y más concretas y precisas, que el dinero que estamos dando los trabajadores en el campo solidario, a través del FOSYGA, se está quedando en la intermediación. Realmente no entendemos por qué el Gobierno persiste en esta perversa intermediación, cuando las ARS lo único que hacen es quitarle la posibilidad de financiación adecuada a los servicios de la gente más necesitada y pobre.
Nuestra posición es muy clara. Hay que mantener el criterio de que el Estado, a través de un subsidio, brinde la posibilidad a la gente de acceder a los servicios de salud, pero para ello hay que eliminar todo el escalafón de intermediarios, con una cadena de ineficiencia en la administración del recurso y en la prestación del servicio. Nuestra posición es muy clara, las ARS no tienen por qué existir en este panorama.
SC.- En el caso de que no existieran ¿Como se garantizaría la eficiencia por parte de las prestadoras de servicio, de modo que no se conviertan en un saco sin fondo y sin ninguna relación entre los recursos que perciben y la prestación real de servicios a la comunidad?
PC.- Ese es un punto básico en las propuestas que se deben presentar. Realmente tenemos que superar los vicios y las dificultades que tuvo el modelo anterior a la Ley 100 y los que ha presentado esta Ley. Al tener un tipo de financiación directa del FOSYGA hacia las prestadoras de los servicios de salud en el campo del régimen subsidiado, habría que mirar cual es el tipo de contratación que hay que hacer.
Nosotros pensamos que no es el del per cápita, sino que adicionalmente debe haber una contratación con base en la planeación y en la cobertura que brinde determinada entidad. Lo que estamos mirando con mucha claridad es que, en contratación de servicios de salud, debe estar amarrada la financiación al real y efectivo que preste la entidad y, segundo, a que esta entidad tenga posibilidad de reconversión tecnológica, de renovar equipos y tener a los trabajadores en condiciones adecuadas. Eso se hace, unicamente, si hay un periodo adecuado de contratación, no contratos de tres, seis meses o un año, porque entonces nadie puede planificar en el campo de salud.
SC.- ¿No se corre así el peligro de retornar a los presupuestos históricos, que han generado graves inequidades regionales en cuanto a los recursos de oferta per cápita? Por ejemplo la Costa Atlántica con el menor per cápita respecto a la población NBI por oferta y también ahora con la menor cobertura del régimen subsidiado.
PC.- Estamos hablando de un modelo. Habría que mirar entonces cual es el papel del Estado en el campo la salud pública. Pensamos que en la Costa Atlántica, como en la Pacífica, hay un problema de salud pública que no lo resuelve el área de salud solamente. Esto requiere una coordinación con determinados sectores de la economía nacional, para poder brindar una infraestructura adecuada a la población. Una vez resolvamos ese problema podemos mirar con mucha más claridad la suficiencia de hospitales y de la prestación de los servicios.
Pero realmente el problema que vemos es un abandono de la salud pública y por ello han re-emergido una serie de patologías que pensabamos ya estabn superadas. Esa es la situación de la Costa Atlántica y del Pacífico. Lo que no sucede en el sector del centro y en especial en Antioquia y el Valle. Allí hay otro problema, el régimen subsidiado hay que redefinirlo. Si uno entrara en el juego del SISBEN para identificar los beneficiarios, el área metropolitana de Medellín y el área metropolitana del Valle no tendrían derecho al régimen subsidiado. Por la fuerza política de estos comenzaron a discutir por qué no ampliarlo al tercer nivel socioeconómico o al cuarto, y a fé que lo han logrado. Ya están discutiendo esto y han logrado plata. No deberían tenerla por la circunstancia que tienen esas áreas en el desarrollo industrial y económico.
SC.- Por último, se está anunciando un cese de actividades para los proximos días. ¿Cual es el orígen de la decisión y que se piensa alcanzar con este movimiento?
PC.- Nosotros hemos sido muy prudentes con este gobierno, para no pecar de oposición a primera vista, pero a nosotros se nos ha incumplido (a trabajadores y organizaciones sindicales del sector) un acta de acuerdo. El gobierno anterior alcanzó a cumplirla hasta el 31 de Julio, pero a este gobierno no le ha interesado la problemática de los hospitales y hoy vemos como se están cerrando hospitales, se están cerrando servicios de hospitales importantes.
Nosotros hemos querido dar un compás de espera, pero ha llegado el momento de tomar decisiones. Pero como el problema no es sólamente de salud, sino general porque las políticas de ajuste económico del Gobierno afectan fundamentalmente a la clase trabajadora del país y a la población más necesitada, entonces estamos realizando un congreso nacional de trabajadores estatales y organizaciones sindicales, para definir una plataforma, unos puntos de claros objetivos para poder anunciarle al Gobierno la necesidad de dialogar y concertar. Si esto no es posible, para el 23 y 24 de Septiembre haremos una gran movilización nacional de todos los trabajadores estatales, apoyados por las centrales obreras.
En el sector salud, específicamente, si las cosas no se nos han mejorado, es posible que además del movimiento nacional del 23 y 24, sigamos nosotros como sector en un movimiento indefinido, hasta buscarle una solución definitiva a la problemática.
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