No
Participamos de la Constituyente (*)
Septiembre 30 de 1990
Doctor
Ricardo Santamaría Coordinador
Ejecutivo para la Asamblea Constitucional
Apreciado doctor:
Antes de todo, le agradezco la atenta
invitación que, por encargo del despacho presidencial,
nos cursa a Marcelo Torres, Jaime Moreno y a mí para llevar
la vocería de nuestro Partido en las comisiones preparatorias
de la Asamblea Constitucional. De la manera más comedida,
me veo obligado, no obstante, a declinar en nombre del MOIR la
mencionada distinción, puesto que el giro de los acontecimientos
actuales del país y el criterio que sobre los mismos tiene
la administración del doctor César Gaviria, nos
impiden contribuir, mucho o poco, a unas formulaciones en las
cuales no creemos.
Indiscutiblemente existe la necesidad
de someter a correctivos, incluso de fondo, a las instituciones
colombianas; inquietudes que en alguna medida y en cierto sentido
se insinuaron durante los debates de las más recientes
enmiendas frustradas a la Carta. Pero ése no es el punto.
Hay dos cuestiones que sí nos parecen muy delicadas: el
procedimiento adoptado y los alcances de la reforma propuesta.
Al implantarse el referendo, y la Asamblea
Constitucional, restándole cualquier injerencia al Congreso,
queda franqueable la vía extraordinaria de variar el ordenamiento
jurídico de la nación mediante los acuerdos políticos,
un recurso que en nuestra historia patria siempre ha servido para
imponer fraudulentamente, sobre la mayoría doblegada, la
voluntad de los transitorios detentadores del mando. Y con las
"asambleas populares", las "consultas populares"
y demás artificios "populares", las cabildadas
se terminan legitimando, igual en los tiempos de Bolívar
que en los días preliminares al Frente Nacional.
Cuando los jefes máximos de las
viejas colectividades, Alberto Lleras y Laureano Gómez,
pactaron la realización del plebiscito del 1º de diciembre
de 1957, y a sabiendas de que pedían, por medios harto
irregulares, el reconocimiento constitucional de un favoritismo
inadmisible, la distribución milimétrica de los
cargos de los tres poderes públicos entre el liberalismo
y el conservatismo, se comprometieron a no recurrir otra vez a
tan singular expediente. He ahí el verdadero, motivo del
artículo 13 de aquella componenda convalidada en las urnas,
en virtud del cual se señaló de nuevo al legislativo
como único conducto para introducirle cambios, "en
adelante", a la Constitución, y cuya derogatoria de
facto vuelve y juega en el presente como símbolo de las
conquistas democráticas, siendo que entraña lo contrario,
además del rompimiento de esa especie de promesa promulgada
por los dos partidos tradicionales hace exactamente 33 años.
El extinto Mario Latorre Rueda, miembro
del sonado Sanedrín del cuatrienio anterior, durante una
mesa redonda efectuada en la Universidad de los Andes a comienzos
de 1988, reconoció en un arranque de sinceridad que se
le abona: "el plebiscito, dentro de nuestras instituciones,
es un golpe de Estado". Y para él esto era bueno o
malo, según fuesen las fuerzas que salieran favorecidas.
Nadie puede sostener con razón que la senda parlamentaria
resultará menos nociva para Colombia; mas las alteraciones
de carácter legal, emprendidas a través de la transacción
entre los grupos gobernantes y con el grotesco halago de apartar
a las Cámaras, meter en cintura a la Corte Suprema de Justicia,
empequeñecer a la dirigencia política, o acudir
al socorrido constituyente primario, en lugar de un logro, representa
una marcha atrás en los anales republicanos.
La otra cuestión confusa radica
en el contenido de la reforma. Las materias determinadas el 24
de agosto, por decreto, abarcan prácticamente todos los
títulos de la Ley Suprema. Aquí no sobra recordar
que el rumbo se ha impuesto a punta de lanza, merced al uso y
al abuso del estado de sitio. Aprovechando sus autárquicas
ventajas, el Ejecutivo, tanto bajo Barco como bajo Gaviria, con
unas mismas metas y unos mismos consejeros, planificó meticulosamente
cada uno de los pasos a seguir. El 11 de marzo se puso en circulación
la "séptima papeleta", que, aun cuando la registraduría
se negó a computarla, no anulaba el voto para alcaldes,
corporaciones y candidato liberal; el 27 de mayo, ya con la aquiescencia
de la Corte, vino el sondeo de la opinión de los sufragantes
acerca de la convocatoria de la susodicha asamblea, y el próximo
9 de diciembre quedará en firme el quebrantamiento del
artículo 218 y definidos la Constituyente, su composición
y el temario. En síntesis, el gobierno estará pronto
autorizado a remover de la superestructura de la sociedad cuanto
obstáculo se interponga a sus objetivos estratégicos,
los cuales no son otros que las exigencias del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, en la actualidad circunscritas
a la liberalización de las economías de los países
débiles y aceptadas por las clases dominantes de éstos
para mayor gloria de los monopolios imperialistas, primordialmente
los de Estados Unidos.
En tiempo relámpago han sido
expuestas por diversos funcionarios las directrices básicas,
del nuevo enfoque, que, de aplicarse, no dejarán rama importante
de la producción colombiana sin tocar o lesionar, ceder
o destruir. No se ha negociado todavía contraprestación
real alguna, ni siquiera en materia de créditos, ni en
el más insigníficante tópico del vasto mundo
posible de las medidas recíprocas, y el régimen
ya inició el ascenso de la empinada y peligrosa cuesta:
libre importación de las mercaderías extranjeras;
desmonte del control de cambios y dolarización de la economía;
privatización de las empresas del Estado, como en los casos
previstos de los puertos, las comunicaciones, la vivienda subsidiada
y los seguros sociales; fin de todo apoyo a los empresarios de
la ciudad y el campo; inversión indiscriminada de las firmas
transnacionales en la actividad industrial y de los financistas
de las metrópolis en el sector bancario; fenecimiento de
los derechos sindicales y merma vertical de los ingresos de los
trabajadores; alzas despiadadas en los precios, en los costos
de los servicios públicos y en los impuestos indirectos,
y pertinentes modificaciones a los preceptos y a los códigos,
de las que a diario tiene noticia la aturdida población
colombiana. Entre estas adecuaciones normativas se destacan, desde
luego, las de origen constitucional.
En los círculos interesados en
la venta de la Nación se habla de los derechos humanos
con frecuencia, y, sin duda, los constitucionalistas encontrarán
la forma de incluirlos a tentebonete dentro del articulado, ciñéndose
a los conceptos de "democracia participativa", "soberanía
del pueblo", "juntas políticas populares de carácter
permanente" y otras necedades doctrinarias que andan por
ahí rodando. Pero el verdadero "revolcón"
se le dará al país en el ruedo de la apertura económica,
que requiere un ámbito constitucional distinto, operante,
flexible.
Doctor Santamaría:
Escribo esta respuesta sin que se haya
producido aún el fallo inapelable de la Corte en pleno
sobre el decreto 1926, por el cual la Presidencia de la República
ordenó las elecciones plebiscitarias de diciembre, con
el objeto de darle algún viso legal o democrático
a la Constituyente. En medio de la natural expectación,
los colombianos esperamos enterarnos el próximo jueves
de la sentencia definitiva. Ha trascendido únicamente que
antier lo declararon inexequible los seis magistrados de la Sala
Constitucional. Sin embargo, no me hago ninguna ilusión
al respecto, pues ahí está el antecedente del 24
de mayo pasado, cuando, mayoritaria pero inexplicablemente, el
máximo tribunal de la justicia colombiana desconoció
el pronunciamiento de su organismo especializado, a propósito
del mismo pleito.
De todos modos, las furias de las contradicciones
desatadas no se apaciguarán con las simples prescripciones
de los jurisconsultos. Cosas demasiado caras para Colombia han
sido puestas en subasta. El reformismo hoy en boga no es fruto
de los actos soberanos de la administración recién
establecida, sino de las presiones de las autoridades de Washington,
que a su vez están obligadas a colonizar económicamente
a Latinoamérica, su coto de caza, si desean hacerle frente
con algún éxito a la crecida competencia de los
otros bloques mundiales. Y lo prueba el hecho de que la lúgubre
salmodia de la apertura la entonan casi todos los mandatarios
de nuestro empobrecido hemisferio, y no voces esporádicas.
Ningún sector, ni adentro ni afuera del país, conseguirá
escapar de la tormenta que se nos avecina.
Unos, creo que los más reducidos,
se convertirán en colaboracionistas, como el M-19, pero
el grueso de la población defenderá la patria a
morir. Mi Partido aspira al honor de incluirse en este último
bando.
Cordialmente,
Francisco Mosquera
Secretario General del MOIR
