Ante la Reforma Tributaria
No Más Impuestos
A las puertas del segundo
período de Uribe Vélez, el ministro de Hacienda
ha presentado un nuevo proyecto de Reforma Tributaria, esta vez
denominado estructural. Desde la Ley 49 de 1990, hasta la 863
de 2003, el recaudo tributario ha pasado del 8,4% del PIB al 14,7%,
es decir que se ha sustraído de la producción un
6,3% adicional del PIB. Eso convierte a Colombia, en el concierto
latinoamericano en la segunda mayor cobradora de impuestos, como
porcentaje (%) del PIB, después de Chile y, en materia
de impuesto a la renta sólo nos supera Brasil [1]. En 2005
el total de los impuestos indirectos (IVA, aranceles, 4 x 1000
y timbres) representaron el 65,2% del recaudo, frente al 40,7%
de los impuestos directos (renta y patrimonio).
Para el presupuesto de
2006, los recursos provenientes de impuestos sólo financiaron
el 45% de los gastos de la Nación, cuando en 1995 representaban
el 61,4%. La reforma que se ha presentado a un Congreso de mayoría
uribista, no ataca las verdaderas causas del déficit fiscal,
atribuible a: la rebaja de los aranceles, la entrega del mercado
de cambio de divisas a la banca privada, la privatización
o liquidación de empresas estatales rentables como Telecom,
Ecopetrol, Carbocol o Cerromatoso, la quiebra de las empresas
nacionales que repercute en menores recaudos por impuesto de renta
y, por lo tanto, en una disminución del ingreso nacional,
las ventajas otorgadas al capital extranjero y, por encima de
todo el desangre que constituye el oneroso pago de la deuda pública.
Si partimos de reconocer
que la riqueza que se genera en la sociedad colombiana proviene
del trabajo y no del capital, tenemos que concluir que todos los
impuestos, dividendos, rentas y utilidades son producto de la
actividad desarrollada por los trabajadores. Por lo tanto, los
impuestos que pagan los dueños del capital son simplemente
una parte de la riqueza generada por los trabajadores, en la labor
productiva, apropiada por quienes se han adueñado de los
medios de producción. El mayor cobro de impuestos, en general
afecta a todo el aparato productivo, porque el mayor recaudo de
todas maneras genera recesión, en cuanto afecta la demanda
de bienes y servicios. De hecho, en últimas, los empresarios
trasladan los gravámenes a su estructura de costos y, por
ende, a los precios de los bienes y servicios que obligatoriamente
consume la inmensa mayoría.
La estructura tributaria
del país es regresiva porque se sustenta principalmente
en los impuestos indirectos. Ya desde la Ley 75 de 1986 se favoreció
a los grandes monopolios al homogenizarse el impuesto de renta
en una tarifa del 30% -hoy 35%- para las sociedades anónimas,
que se gravaban con el 40% y las limitadas, que tributaban el
20%. Además, por las exenciones existentes sólo
presentan declaración de impuesto sobre la renta el 4%
de los contribuyentes, es decir un poco más de 500.000
personas [2]. Desde la reforma de 1986 se viene acentuando una
tendencia a deteriorar la estructura tributaria, mediante la reducción
de las tarifas del impuesto a la renta, el desmonte del impuesto
a las ganancias ocasionales, la abolición de la doble tributación
en cabeza de los accionistas, los ajustes por inflación
y el desmonte de la renta presuntiva. Los privilegios tributarios
concedidos a empresas y personas de altos ingresos representan
para el erario sumas cuantiosas que el gobierno reconoce que son
superiores a diez billones de pesos. Por eso, en 2005, los grandes
contribuyentes aportaron el 10,96% del total recaudado, en tanto
que entre la retención en la fuente y el IVA se recaudó
68,3%. En fin, el 86% de los beneficios tributarios favorecen
las rentas de capital, mientras las rentas de trabajo sólo
se benefician en un 14%.
De remate, ante la quiebra
indiscriminada y sistemática de las empresas nacionales
se acentúan la evasión, la elusión y la cartera
morosa de la DIAN, que ya representa más del 2% del PIB.
La carga tributaria ocupa el primer lugar en la estructura de
costos de la producción y ya representa casi el 30% de
las obligaciones de los empresarios [3]. Otro tanto sucede con
la evasión del IVA, del orden del 21%, cuyo recaudo corresponde
principalmente a las grandes cadenas comercializadoras.
Esta situación
nos lleva a afirmar, ante la nueva reforma, sencillamente: NO
MAS IMPUESTOS NI MAS BENEFICIOS PARA EL GRAN CAPITAL Y LOS INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS.
