Vigésimo Aniversario Luis Eduardo Rolón

Saludos.

Al atardecer de un domingo treinta de junio, hace veinte años, en las estribaciones de la serranía de San Lucas, al sur de Bolívar, integrantes de las FARC asesinaron a Luís Eduardo Rolón, destacado dirigente del MOIR, en esa región. Desde que, en 1974, Francisco Mosquera impartió la directriz de desplazar los cuadros más destacados de la ciudad al campo, en procura de ampliar la influencia partidaria al campesinado, Luís Eduardo acogió entusiasta esa determinación. Desde Barrancabermeja, cuna del movimiento obrero colombiano, cuadros políticos y dirigentes sindicales de la USO, emprendieron la tarea de construir la alianza obrero-campesina, piedra angular del Frente Antiimperialista que requiere Colombia, para salir de la postración a que ha sido condenada por la dominación extranjera.

La tesonera labor desarrollada por el “Toche”, como cariñosamente lo llamábamos, por su origen nortesantandereano, y muchos otros compañeros, dio como resultado la creación de varias ligas y cooperativas campesinas. Se trataba de organizar y educar al campesinado de las regiones donde prima el esfuerzo humano en las faenas agropecuarias, el problema del mercadeo de la producción es una de las mayores trabas para el mejoramiento de su nivel de vida y, de paso, mejorar las bases materiales y espirituales para adelantar la lucha revolucionaria.

Hacia menos de dos años, diecinueve ligas de esa estratégica zona habían realizado un Encuentro departamental, en el que habían intercambiado y resumido sus experiencias. Una de ellas había logrado multiplicar por seis el área sembrada de arroz, en un año, como producto de las ventajas que representaba adelantar el mercadeo sin intermediarios y adquirir los insumos y provisiones de manera directa y en volúmenes que otorgaban márgenes rentables. Los avances logrados permitieron comprometerse en construir, con el respaldo de los sindicatos que orientaba el Partido, una escuela para formar dirigentes agrarios.

Con el propósito de desembotellar esas comarcas y mejorar la salida de los productos agrarios hacia San Pablo, el mercado más cercano, ya se habían erigido las bases de un puente sobre el Río Boque, en el corregimiento de Monterrey, con la colaboración, incluso de ingenieros de ECOPETROL. A estos menesteres se dedicaba Luís Eduardo, pese a ser un día de descanso, cuando recibió una ráfaga de ametralladora, por la espalda. A la sazón, comenzaban a merodear por aquellos contornos cuadrillas de las FARC, beneficiados por las ventajas otorgadas al socaire de la pacificación dialogada, instaurada por el ideólogo del “si se puede”.

Dos fenómenos contradictorios se desenvolvían a la par, en esas calendas. De un lado, la arremetida del socialimperialismo soviético, que había alcanzado su máximo desarrollo con la invasión a Afganistán, en 1979, tropezaba con la actitud más decidida de la administración del vaquero Ronald Reagan y, del otro, el pacificador Belisario Betancur había sucedido a la administración Turbay, la cual había mantenido a raya las fuerzas insurgentes, con su Estatuto de Seguridad. En pos de ocultar su naturaleza reaccionaria y antinacional, aquel gobernante optó por abanderarse del restablecimiento de la “paz”, pactando entendimientos con los grupos armados que, lejos de deponer los fusiles e incorporarse a la legalidad, reconociendo lo equivocado de “combinar todas las formas de lucha”, incrementaron su píe de fuerza y hostilizaban a agrupaciones y persona inermes.

Al amparo de tan favorables circunstancias las FARC y otras organizaciones alzadas en armas, extendieron sus brazos por toda la geografía patria y desplazaron de innumerables territorios a las fuerzas que se les oponían. Esta noche están aquí con nosotros compañeros que tuvieron que salir a las volandas de esas regiones, so pena de correr la misma suerte del camarada Rolón. Otros, cuyos nombres también debemos remembrar en esta conmemoración, no pudieron escapar de la celada tendida por quienes se proclaman como defensores del pueblo, pero lo envilecen, chantajean y amedrentan. Tales son los casos de Raúl Ramírez, asesinado en El Bagre – Antioquia- a finales de 1986 y de Aidée Osorio eliminada en Morales -Bolívar-, en marzo de 1987, entre otros.

La conmemoración de los veinte años de la desaparición de nuestro compañero, es propicia para refrescar conceptos y hacer nuevas reflexiones acerca de los problemas de la guerra y la paz. Primero que todo es menester señalar que pronunciarse sobre el asunto no deja de tener sus bemoles, en cuanto las opiniones que se viertan no sean del agrado de uno u otro de los bandos implicados en la reyerta. El primer aspecto al que debemos referirnos es el concerniente a las causas de la violencia en Colombia, materia sobre la cual el argumento más socorrido señala que son las profundas desigualdades y la extrema pobreza, el terreno abonado sobre el que florecen las acciones armadas. La explicación suena muy astuta y válida pero, vale la pena analizarla, sobre todo porque es muy extraño que sobre ella coincidan desde las autodefensas de derecha, pasando por el gobierno y los partidos tradicionales, hasta la guerrilla de izquierda.

Si nos atenemos a los hechos, después de la Violencia, de origen bipartidista, de los años 40 y 50, la que hoy conocemos tiene sus raíces en el entusiasmo que generó el triunfo de la revolución cubana, en 1959, en las juventudes latinoamericanas, lo cual dio origen a la aparición de innumerables focos guerrilleros, en todo el subcontinente. Al calor de las hazañas de los barbudos cubanos brotaron en nuestro lar el ELN, el EPL y las FARC, con el propósito de seguir su ejemplo. La revolución era asunto de pocos días y el hundimiento del imperio del norte se antojaba inmediato, pero nadie se refería, entonces, a la injusticia social como la excusa para tales acciones. Poco a poco las perspectivas de un triunfo rápido se fueron diluyendo, comenzó a cundir la desesperanza y varios de los grupos insurrectos se desmantelaron y sus integrantes o dirigentes regresaron a las lides políticas tradicionales. Tal fue el caso de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, en Venezuela, de los Tupamaros, en Uruguay y muchos más.

A la par que se hundía esta alternativa, con la desaparición de varios de sus más importantes abanderados, como el Che Guevara, en Bolivia o Camilo Torres, en Colombia, surgía la Unión Soviética como una superpotencia capaz de competirle a Estados Unidos la hegemonía mundial. Esa nación, encubierta bajo la enseña del socialismo, adelantó, a partir de 1975, una ofensiva fundamentalmente militar, en procura de desplazar a Washington de sus tradicionales dominios. Tras ese objetivo el Kremlin recogió a los grupos sublevados que aún subsistían, los cobijó y patrocinó, para que le sirvieran de cabeza de playa en el patio trasero norteamericano, de manera que tales agrupaciones recibieron un segundo aire, en el marco de la confrontación bipolar que caracterizó los años setenta y ochenta. De nuevo fueron los factores de política mundial y no los locales de índole económica y social, los que determinaron esta segunda fase del desenvolvimiento del conflicto interno.

Hundida esta ofensiva, por las deficiencias de la retaguardia económica y desmembrada la URSS, las organizaciones alzadas en armas, se vieron obligadas a reforzar otros métodos de financiamiento, al punto que ahora han sido los vínculos con el tráfico de drogas y el secuestro, sus principales fuentes de recursos. Ello ha llevado a un profundo distanciamiento entre la población y la guerrilla de izquierda, cuya popularidad entre los núcleos populares es muy baja y a que proliferaran los grupos de autodefensa, como una inaceptable reacción ante los desmanes de los insurrectos. En este rápido resumen de la evolución del problema de la violencia se puede observar cómo el análisis simplista de que la nación adolece de hondas y seculares iniquidades y, por ende, se justifica la beligerancia armada, sin tener en cuenta si son propicias o no las circunstancias económicas y políticas, nacionales e internacionales, tiene serias deficiencias. Además, porque si la crisis del engranaje productivo y social determina la hora de la insurgencia: ¿por qué no se presentan guerras insurreccionales en países con mayores desigualdades que las que registra Colombia?

La segunda reflexión que queremos plantear en esta oportunidad se refiere a la connotación que tiene, en la crítica situación nacional el problema de la violencia. Según el Plan de Desarrollo del actual gobierno, el principal obstáculo para la prosperidad y el bienestar de los colombianos, es la existencia del conflicto armado. Mas, si nos atenemos a las mismas cifras oficiales son las cuestiones de naturaleza económica las primordiales causas de las angustias nacionales. De hecho, recientes estadísticas muestran que sólo el 10% de las muertes que se presentan en nuestro país son producidas por el enfrentamiento bélico.

Al cuantificar los costos de la violencia y compararlos con los derivados de la aplicación de las políticas neoliberales, queda claro que las penurias de la economía colombiana provienen esencialmente de la apertura de la economía, las privatizaciones, la quiebra de la producción, la entrega del manejo cambiario a la banca privada y, sobre todo, del oneroso servicio de la deuda externa. Los datos oficiales muestran, sin lugar a equívocos, que en 1993 debíamos 18.900 millones de dólares, entre ese año y 2004 hemos cancelado 47.300 millones y en esa segunda fecha el monto de la deuda externa asciende a 35.900 millones de dólares.

Hechas estas dos aclaraciones cabe adentrarse en un análisis, acerca de cual puede ser el camino más expedito para alcanzar un clima de controversia civilizada. Hay quienes, a nombre de Francisco Mosquera, respaldan la política de seguridad democrática con el argumento de que esta estrategia golpea a las FARC. Nunca ha formado parte de nuestro ideario la propuesta de que la salida al conflicto armado sea netamente militar. No conocemos ningún documento suscrito por el fundador del MOIR, donde se invoque la guerra total como fórmula para superar el clima de violencia, requisito indispensable para resolver nuestra caótica situación. Por el contrario hemos criticado insistentemente que los problemas de la guerra se resuelvan con más guerra, cual lo pretende el señor Uribe Vélez. De manera que, sin abandonar los ajetreos militares, propios de un estado de beligerancia, se debe procurar una salida política, en la que se brinden garantías a las organizaciones que decidan retornar a los cauces de la restringida democracia que nos rige.

Sin embargo, durante más de veinte años el país ha ensayado el camino de la solución dialogada, sin que los resultados hayan sido positivos. Por el contrario, es en este tiempo que se ha agudizado el conflicto y se ha elevado a los peores niveles de degradación. El problema radica en que se liga la consecución de la paz a la mudanza del país, de manera que se supedita el acuerdo a que se pacten las profundas transformaciones, que no han podido alcanzarse mediante el triunfo militar, algo así como una especie de reformismo armado. De esa forma la infinidad de materias previstas en las agendas que se plantean para la discusión, hacen que el itinerario propuesto, en vez de conducir a un pronto y cabal arreglo, se empantana a medida que transcurre. Ese expediente fue ensayado bajo el gobierno de Belisario Betancur y fue reeditado por Andrés Pastrana, con resultados harto cuestionables, al punto que la violencia y el terrorismo se han extendido como una mancha de aceite por toda la geografía nacional.
Con base en los desaciertos de la administración anterior, surgió como opción la propuesta de guerra total enunciada por el actual mandatario, con la cual logró el respaldo de un país cansado de diálogos infructuosos. Casi tres años después de formulada, los resultados son bastante discutibles, en cuanto los objetivos propuestos se ven lejanos y la guerrilla mantiene prácticamente intacta su capacidad perturbadora. Con base en las mismas estadísticas oficiales se puede concluir que los logros de esta estrategia son mínimos. Según Planeación Nacional y el ministerio de Defensa la extorsión pasó de 1.738 casos en 2000 a 2.351 en 2004; las víctimas por minas crecieron de 688 en 2003 a 797 en 2004; los soldados heridos subieron de 8.062 en 2003 a 9.472 el año pasado. A la par se desarrolla un discutido y arrevesado proceso de paz con las autodefensas, con características parecidas a las que se criticaban al anterior mandatario, cuando lo hacía con la FARC, incluso con mayores prerrogativas que las otorgadas a esa agrupación.

En nuestra opinión las agrupaciones armadas, sean de izquierda o de derecha, deben renunciar irrevocablemente a la táctica de imponer sus criterios por la vía del amedrentamiento y el terror. Los métodos extorsivos, la intimidación, el secuestro y su financiación mediante el tráfico de estupefacientes deben ser erradicados, para dar paso a un clima de controversia civilizada, en el que los grandes problemas nacionales puedan ser discutidos democráticamente, sin temor al atentado personal o el chantaje. A su vez el estado debe brindar garantías para que esas fuerzas se reinserten a la vida legal y participen en el debate nacional sin riesgos para su seguridad.

Por supuesto ello implica la liberación de todos los secuestrados, la excarcelación de los presos políticos y la expedición de normas que permitan que los delitos de lesa humanidad y los genocidios por fuera del enfrentamiento armado, sean castigados de manera ejemplar. Todo ello sin perjuicio de que haya un tratamiento judicial especial que facilite la reconciliación de todos los colombianos y el sometimiento a los cánones vigentes, sin privilegios odiosos que premien a quienes se pusieron por fuera de la ley. Los tropiezos de las actuales políticas de negociación con las autodefensas ponen en evidencia dos grandes verdades: Una, que algunos amigos de la solución negociada se oponen a ella cuando no involucra a los actores del conflicto que son de sus simpatías y, dos que la pugnacidad no se desmonta entregando gravosas concesiones a quienes optaron por el camino de la beligerancia, en cuanto los demás sectores de la sociedad, incluyendo la contraparte en el conflicto, se sentirán lesionados y maltratados.

No quisiera terminar esta intervención sin referirme a un tema que se ha puesto al orden del día, en cuanto la mayoría de la denominada izquierda ha decidido asumir la defensa de la aciaga Constitución de 1991, bajo la forma de la preservación de los derechos sociales contenidos en el texto constitucional, desconocidos de manera permanente y sistemática. Constituye una burla consignar un catálogo interminable de derechos y garantías, en tanto se consagra una política económica que arruina la producción. Como lo dijera Mosquera, en 1989, “Así como nunca hubo bienestar social sin desarrollo económico, tampoco habrá despegue industrial con un pueblo excluido del mercado”.

En materia económica la Carta Magna, ha servido de soporte jurídico a la política implementada en este período, tanto que consagra la apertura e integración económica, como un principio constitucional, de manera que lo actuado en esta materia, con gravísimas consecuencias, está sustentado en la Ley de Leyes. En ese mismo sentido han operado las atribuciones que se le concedieron al Congreso, para transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, así como las que le han permitido modificar aranceles y tarifas concernientes al régimen de aduanas, a sabiendas de que tales modificaciones se han hecho para eliminar todas las barreras y obstáculos al ingreso indiscriminado de mercancías y capitales foráneos, principal causa de la ruina de la economía. También constituye una seria amenaza a la soberanía y la integridad nacional, el proyecto de regionalizar el país, otorgándoles a los entes territoriales atribuciones del orden nacional, tales como contratar empréstitos, crear nuevos impuestos y establecer concesiones al capital extranjero para la explotación de recursos naturales. Esta ha sido la tendencia predominante a nivel planetario para debilitar las naciones y hacerlas más fácil presa de la voracidad de las grandes multinacionales: De un lado, transferencia de atribuciones a los organismos internacionales y, del otro, desmembración del país, una combinación altamente favorable a los intereses extranjeros.

Como el modelo neoliberal no es solamente apertura de mercados, el complemento se encuentra en el otorgamiento de facultades al Ejecutivo, para vender o liquidar empresas monopolistas del Estado. Llama la atención también que se haya elevado a norma constitucional la sostenibilidad de la deuda pública, en cuanto se garantiza a tan elevado nivel jurídico, el pago oportuno y cumplido de la onerosa deuda externa, que más bien parece eterna.

En los aspectos sociales los efectos también han sido nocivos, al establecer, por ejemplo, la prestación de servicios de salud y seguridad social, por parte de las empresas privadas. Este criterio ha entrañado que estos servicios sociales se conviertan en lucrativos negocios en manos del sector privado, lo cual ha implicado la desmejora de los servicios, la disminución de la cobertura y la negación en la práctica de estos derechos a importantes núcleos de la población. Similar circunstancia se presenta en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, a los cuales también se permitió el ingreso de las empresas particulares, con la consecuencia de su encarecimiento y que las personas de más escasos recursos no accedan a ellos.

Además vale la pena hacer referencia a la autonomía del Banco Emisor, con respecto a las diferentes instancias de gobierno. Ello ha significado que el manejo monetario y cambiario quede en manos de un grupo de tecnócratas que obedecen más a los dictámenes de los organismos internacionales, manejados por las grandes potencias, encabezadas por Estados Unidos, que a las orientaciones emanadas de las autoridades nacionales. Como se puede observar queda muy difícil asumir la defensa de un “estado social de derecho”, formulado en la Constitución que en materia económica y social sirve de puntal a la andanada neoliberal que ha arrasado con los escasos vestigios de desarrollo y soberanía.

Finalmente es necesario insistir en una valoración objetiva de lo que han representado para el pueblo colombiano, cuarenta años de conflicto armado. Cabe preguntarse si no ha servido este fenómeno para justificar la actitud represiva en contra de la población, de los sucesivos gobiernos; si no ha sido también un factor que ha obstruido la capacidad de movilización de las masas, atemorizadas por la violencia generalizada; si no ha contribuido al desprestigio de las opciones revolucionarias y del mismo marxismo, del cual se dicen paladines. Pero, sobre todo, ¿no se ha convertido este asunto en un factor de discusión y una traba a los procesos de unidad que necesariamente debieran adelantar los sectores patrióticos y democráticos?

Por presentar estos argumentos y exigir que la unidad del pueblo colombiano se forje con base en una clara posición de rechazo al terrorismo y la violencia, en todas sus manifestaciones, se nos acusa de divisionistas y de no facilitar la confluencia de todos los sectores de izquierda. ¿No les cabrá mayor responsabilidad a quienes simpatizan con esos métodos y ponen como condición condenar a uno de los grupos en conflicto y callar frente a los estragos del otro bando? De hecho hemos formulado propuestas y realizado esfuerzos para alcanzar la más amplia unidad, pero siempre se ha atravesado como un factor de perturbación, esta cuestión. La prevalencia del oportunismo de izquierda, expresado en la afinidad con la “combinación de todas las formas de lucha”, o del oportunismo de derecha manifiesto en la defensa del “estado social de derecho” y la nefasta Constitución del 91, se erigen hoy como el principal impedimento para las aspiraciones unitarias y libertarias de nuestro pueblo.
En síntesis, podríamos decir que la opción es ni gobiernismo, ni reformismo, ni terrorismo. Camarada Luís Eduardo Rolón, tu memoria imperecedera será reivindicada por la historia, que te reconocerá como uno de los forjadores de una Colombia próspera, soberana y democrática.

Muchas Gracias.