El Congreso de la CSTC (*)
Nos habíamos hecho el propósito
de no referirnos de nuevo a los problemas de la unidad sindical
sino hasta después del congreso de la CSTC, cuando podremos
concretar un balance global y completo de los tres años
de este riquísimo proceso unitario del movimiento obrero
colombiano.
Esperábamos que los criterios
precisados públicamente desde los editoriales de Tribuna
Roja y la infinidad de reuniones obreras en las cuales el MOIR
fijó sus puntos de vista a través de compañeros
dirigentes sindicales, bastaban para dejar establecidas las cuestiones
básicas que la clase obrera debe tener muy en cuenta si
quiere culminar triunfalmente la tarea de la construcción
de la central unitaria en el momento presente y en las condiciones
de la política de alianza que seguimos propugnando con
otros sectores políticos y, en particular, con el Partido
Comunista de Colombia.
Sin embargo, en las últimas semanas
se han presentado encadenados, unos tras otros, varios incidentes
que han conmovido el campamento del sindicalismo independiente
y hecho cundir la alarma entre sus filas. Son insucesos que merecen
ser examinados y desentrañados por el fondo pernicioso
que llevan; deben analizarse a la luz de la política de
"Unidad y Combate" que estamos defendiendo, y antes
del congreso, por lo que puedan influir perturbadoramente en él.
De tal modo que hoy, a escasos días
del congreso del 4 de marzo de la CSTC, de pronto, nos vemos en
la urgencia de insistir una vez más en los principios tal
vez más debatidos a lo largo de la lucha por la unidad
revolucionaria del proletariado colombiano.
ATAQUES Y DEFENSA DEL CONGRESO UNITARIO
El congreso de la CSTC es todo un acontecimiento.
En una forma u otra las diversas clases y partidos han tenido
algo que ver con él, o se han pronunciado abiertamente
con su modo particular de interpretarlo.
Dentro del vasto archipiélago
de organizaciones en que se halla atomizada la pequeña
burguesía socialista enemiga de la política de la
unidad obrera, se han presentado por culpa del congreso nuevas
fracciones que, en lo que se refiere a esta política, como
a la permisibilidad de la participación en la lucha electoral,
han levantado rancho aparte, con sus propios argumentos, desde
luego, y con esa visión estrecha y recortada de ver el
mundo y la lucha de clases.
El imperialismo yanqui y la coalición
burgués-terrateniente proimperialista también tomaron
posición. En nombre de estas fuerzas habló el gobierno,
y el gobierno se expresó por boca de la señora de
Crovo. Sus declaraciones tienen especial importancia porque la
señora de Crovo es la figura notable del gabinete, no sólo
por ser la única mujer elevada al rango ministerial, con
la cartera del Trabajo, dentro de la promoción lopista
de defenasa de los "derechos femeninos", a la manera
como fue promocionado Antonio Díaz, esquirol de la UTC,
para defender desde el Ministerio de Comunicaciones los "derechos
obreros", por orden de un gobierno de menor sensibilidad
social que el actual, sino porque la ministra, que no alcanzó
a salir elegida al Parlamento el 21 de abril, tiene una destacada
trayectoria de "centro-izquierda", desde los tiempos
del MRL. Los pronunciamientos oficiales fueron un verdadero ataque
de histerismo. El país recibió la noticia de que
la tranquilidad pública, estaba amenazada por la nueva
central. Que la CSTC, por inspiración del comunismo internacional,
fraguaba una conspiración para derrocar al gobierno. Que
el congreso obrero hacía parte de un llamado "Plan
de Marzo" que sumiría a la nación en la "anarquía"
y la "aventura". Tal pareciera que la ministra, con
acusaciones de este calibre, quisiera enmendar su más imperdonable
error como mandataria, arrepentida de haber concedido la personería
jurídica a la CSTC. En todo caso el gobierno está
rabiosamente en contra del congreso unitario y de la CSTC, y con
pánico ve en el desarrollo de la conciencia, de la lucha
y de la organización independiente de la clase obrera un
serio peligro, no tanto para la supervivencia de sus centrales
de bolsillo, UTC y CTC, lo que sería grave, como para la
supervivencia del orden establecido, lo que sería fatal.
Por eso el presidente López ha decidido destapar la carta
de su ministra en el juego de la división obrera, viejo
juego del imperialismo yanqui, tan viejo como su existencia.
En esta forma, y al igual que los sucesivos
gobiernos del Frente Nacional, la actual administración
hereda la misión de acicatear la división de la
clase obrera, mediante el mecanismo de favorecer a las centrales
patronales UTC y CTC y prolongarles la vida, así sea artificialmente,
mientras dispone de los instrumentos del Estado, de los más
idóneos y de los más violentos, para ilegalizar,
perseguir y golpear a las organizaciones proletarias leales a
sus intereses de clase. A esta táctica obedece la cruzada
macartista montada por la señora de Crovo y por el equipo
ministerial contra la CSTC y su congreso. Además, el gobierno
requiere crear una opinión pública y un ambiente
hostil tales que permitan adoptar medidas mucho más drásticas
contra el avance revolucionario y la protesta insubordinada de
la clase obrera. A la campaña anticomunista oficial han
hecho coro los partidos tradicionales, la prensa reaccionaria
y, por supuesto, las camarillas amarillas de la UTC y CTC.
Finalmente, y del lado opuesto, las
fuerzas revolucionarias del proletariado, del campesinado y de
las otras clases explotadas y oprimidas de la nación colombiana
han saludado alborozadamente el congreso unitario de la CSTC.
Los partidos comprometidos con la política de impulsar
la construcción de una central unitaria, y entre ellos
el Partido Comunista y el MOIR, han venido trabajando, a veces
de común acuerdo y a veces por su cuenta, pero siempre
teniendo en mente la realización exitosa del congreso de
unidad obrera. Estas fuerzas han contribuído a revitalizar
a la CSTC con su lucha por lograr la afiliación de un sinnúmero
de sindicatos y federaciones a la nueva central. En la interpretación
de estos hechos no debieran presentarse discrepancias entre las
corrientes políticas por cuya mayor o menor actividad fue
posible el proceso unitario revolucionario de los tres últimos
años. Para el MOIR no cabe duda de la necesidad de desplegar
una cerrada y firme ofensiva tendiente a denunciar y desenmascarar
la acción macartista y anticomunista del imperialismo y
sus testaferros criollos, que al mismo tiempo destaque el papel
de primera importancia desempeñado por la Confederación
Sindical de Trabajadores de Colombia como la organización
aglutinante del sindicalismo independiente.
LA UNIDAD, UNA POLITICA REVOLUCIONARIA
Sobre todas estas cuestiones se ha escrito
y hablado recientemente, a raíz del congreso del 4 de marzo:
sobre la persecución oficial; sobre el oportunismo de la
pequeña burguesía socialista; sobre los beneficiosos
resultados de la unidad de acción; sobre las luchas de
la CSTC, su línea unitaria y la atracción que ejerce
en las organizaciones sindicales que aún no han ingresado
a sus dominios. Pero ha habido un silencio, que se siente, alrededor
de un punto básico, debatido a profundidad por los obreros
avanzados, en congresos y asambleas sindicales, no de ahora sino
de hace mucho tiempo, que remachó la unidad alcanzada en
los encuentros unitarios de 1972 y 1973, convocados por la CSTC
y los entonces llamados sindicatos independientes, y que despejó
el camino hacia el congreso del 4 de marzo: que la unidad obrera
es producto auténtico del desarrollo ideológico
y político de la clase obrera y que el congreso unitario,
que hoy celebramos como una victoria es producto, a su vez, de
claros y perentorios acuerdos políticos que sintetizan
y expresan básicamente el avance del proletariado colombiano.
El reconocimiento de este punto no lo exigimos, como pueden estar
pensando ahora quienes nos aconsejaban no hacer alianzas con el
Partido Comunista, porque el MOIR haya sido burlado o excluido
a la hora de festejar el triunfo. Todo eso es vano y superfluo.
El proletariado está en medio del campo de batalla combatiendo
a brazo partido para reagrupar sus fuerzas, organizarlas, y poder
tomar la plaza enemiga, al frente del pueblo, como jefe indiscutible
de la revolución. A esa gran tarea está el MOIR
destinando todas sus energías. Parte de ella ha sido la
política de "Unidad y Combate". Y eso es lo que
verdaderamente cuenta. Pero, además, nunca dijimos que
la política de "Unidad y Combate", propuesta
por el MOIR a la clase obrera a finales de 1972, después
de sopesar todos y cada uno de los elementos de la situación,
fuera únicamente alianza, sin lucha. La experiencia de
la Unión Nacional de Oposición y del movimiento
sindical prueban lo contrario.
La exigencia del reconocimiento de la
unidad alcanzada como producto, y sólo como producto de
acuerdos políticos que compendian los pasos hacia adelante
dados por el proletariado en su lucha y en su conciencia, significa
no solamente la lealtad al proceso unitario vivido en estos tres
últimos años, del cual hemos sido actores destacados,
no solamente la comprensión de cuáles constituyeron
las conquistas más importantes de la clase obrera durante
este tramo de su historia, sino que significa la garantía
de que el rumbo de la nave se mantendrá con buena o mala
mar.
¿Cuál es la razón
de la negativa a mencionar y reconocer cosas que son evidentes
para la mayoría de los compañeros sindicalistas
que participaron activamente en los encuentros unitarios y en
los actos y luchas programados por los UNIR? ¿Por qué
el silencio sobre los acuerdos? ¿Será por la vieja
convicción de que la política no debe entrar ni
gobernar las organizaciones gremiales de los obreros? ¿0
será una simple y pasajera táctica para preservar
la Confederación, ahora que arrecia el temporal macartista
y anticomunista? ¿0 será porque el congreso unitario
ya no es un congreso constitutivo en esencia de una nueva central,
con el mismo nombre, no importa, pero más amplia, más
fuerte, más promisoria, debido a que la personería
jurídica concedida a la CSTC tan sorpresiva y demagógicamente
por el gobierno, arruinó los planes del congreso unitario
del 6 de diciembre, citado por el Encuentro Nacional Obrero del
12 de octubre de 1973, y que después el Comité Ejecutivo
de la Confederación trasladó para el 4 de marzo?
Con relación a estos interrogantes se presentará
un profuso debate, pero las cosas se irán decantando con
el paso del tiempo. No sobra agregar que si hemos sido leales
a los acuerdos, lo seremos también en la discusión,
y en el reconocimiento de afirmaciones o insinuaciones que no
correspondan por completo a la realidad. ¡Ojalá estemos
prejuzgando!
Pero tenemos otra pregunta para formular:
¿La actual conjura del silencio será provocada acaso
por el hecho de que todavía se le atribuye a la consigna
de la unidad de acción más poderes mágicos
de los que en verdad posee, como los de unir a la clase obrera
de Colombia y del mundo entero, frente a lo cual es insustancial,
dogmático y extremista cualquier explicación diferente
que se pretenda dar de nuestro proceso sindical unitario? Entonces
sí estaremos ante una cuestión de principios, a
la que no hay más remedio que salirle al paso.
No se puede analizar el avance unitario
de la clase obrera de estos años simplemente a través
de las acciones conjuntas por alzas de salarios, mejores condiciones
de existencia, o por cualquier otra reivindicación económica
o gremial, haciendo caso omiso de qué política está
al mando, qué clases y partidos se favorecen con determinadas
orientaciones estratégicas y tácticas, cuáles
son los programas que arman y cohesionan al proletariado.
Sabemos que para salir del paso se volverá
al estribillo de que el MOIR desprecia las luchas económicas
llevadas a cabo por las masas trabajadoras, y coloca la unidad
ideológica y política como premisa para adelantar
las acciones conjuntas reivindicativas. Nada más falso.
La lucha económica y sindical en todos sus matices y manifestaciones
es una escuela insustituíble de la clase obrera. Nadie
como el MOIR comprende la importancia real de estas luchas que
libran los obreros de todas las centrales sindicales, al margen
del color de sus banderas, casi siempre espontáneamente,
como parte de la natural resistencia de clase frente a sus explotadores.
Es justo, desde luego, que los obreros de distintas denominaciones
políticas concreten acciones unitarias en defensa de sus
intereses económicos y gremiales. Y es un deber de la vanguardia
proletaria propiciar este tipo de alianzas por las reivindicaciones
inmediatas y más sentidas de los asalariados, así
éstas sean pasajeras y limitadas. Sin embargo, esas acciones
son necesarias pero no suficientes para generar y explicar el
torrente unitario que desembocará en el congreso del 4
de marzo.
Es inconcebible que a estas alturas
de la vida se quiera hacer creer que la unidad lograda por el
sindicalismo independiente haya brotado de la unidad de acción
entre nuevas y viejas fuerzas políticas que tienen influencia
en el movimiento obrero, sin previos acuerdos, ni programas, ni
derroteros fijos, o que hayamos recorrido todo ese trecho de reuniones,
discusiones, combates contra los enemigos tanto de derecha como
de "izquierda" de la unidad obrera, simple y llanamente
para poder realizar acciones unitarias, aun cuando hayamos realizado
estas acciones.
Cuando el Partido Comunista sugirió
a mediados de 1972 un realinderamiento dentro del movimiento sindical
colombiano con base en "la existencia de muy diversos matices
y tendencias políticas dentro de cada sindicato en particular
y dentro del conjunto del movimiento a escala regional y nacional",
era porque en la realidad el movimiento obrero se estaba realinderando,
y realinderando políticamente. Hay que tener en cuenta
que se había presentado un hecho muy importante, que le
dio un vuelco a las perspectivas de la unidad sindical, porque
las otras, las de la unidad de acción se mantuvieron y
en general continúan inalteradas. Este hecho fue el siguiente.
Mientras “comunistas" y "moiristas"
se daban palo en las calles, durante el debate electoral de 1972,
un buen día del mes de marzo, desde el Palacio de San Carlos,
el presidente Pastrana, con las manos puestas en los hombros de
Tulio y Raquel, le notificaba a la clase obrera que la UTC y CTC
iniciaban su proceso unitario, con miras a un congreso unitario,
que fundaría una central unitaria. Después de las
acciones conjuntas del 22 de enero de 1969 y del 8 de marzo de
1971, realizadas con variada fortuna, tal como lo hemos señalado
y reconocido, las posibilidades de la unidad sindical con la UTC,
o con la CTC, quedaron, luego del anuncio presidencial, definitivamente
tendidas en el suelo. No porque el resto del movimiento sindical,
y sobre todo la CSTC, hubiese sido marginada, sino porque el anuncio
oficial de la unificación de las dos centrales patronales,
a su vez era una pérfida amenaza de muerte contra el sindicalismo
independiente. El gobierno de Pastrana, que fue fruto de un golpe
de Estado y no del "libre" sufragio universal, del cual
salió maltrecho y derrotado por la ANAPO en 1970, tenía
que echar mano de todas sus reservas para pasar indemne la prueba
de las elecciones del 72. Con el pretexto de la unidad sindical,
se recurría al apoyo de Tulio y Raquel, desnudándolos
de un tajo como traidores ante la clase obrera, pero prometiéndoseles
al mismo tiempo y como recompensa el apoyo del Estado para restaurar
sus aparatos sindicales, menguados y destartalados por la ola
antiutecista y anticetecista, y para sofocar al sindicalismo independiente.
En estas condiciones el realinderamiento no sólo era obvio
sino indispensable.
Al MOIR, que venía combatiendo
desde su nacimiento con la idea de que en el actual período
de la revolución colombiana, la unidad sindical requiere
desenmascarar y apartar a quienes son los principales instrumentos
de la división, las camarillas dirigentes de UTC y CTC,
manipuladas por la coalición oligárquica proimperialista,
y que tenía bajo su dirección un número no
muy grande de sindicatos pero de todas maneras importantes, le
caía de perlas el realinderamiento.
El realinderamiento que se dio en las
filas obreras no fue más que la versión sindical
del replanteamiento que se desarrollaba a su turno en el campo
político propiamente dicho, por el cual se hizo posible
la creación de la UNO y la realización de la campaña
electoral de izquierda, y que escindió al país en
dos bandos claramente definidos. De un lado, la oligarquía
burgués-terrateniente lacaya del imperialismo yanqui, cuyos
partidos políticos defendían la prolongación
del Frente Nacional con sus viejos programas liberal y conservador,
y, del otro, el frente de izquierda, cuyos partidos políticos
coincidían en la conveniencia de concentrar fuerzas contra
el enemigo principal, aliados alrededor de un programa nacional
y democrático.
Todo este proceso ha sido altamente
positivo para las fuerzas revolucionarias. En la campaña
electoral, la UNO logró hacer una profunda y extensa propaganda
revolucionaria, y si no obtuvo lo que se suele catalogar de una
victoria contundente, los guarismos obtenidos son altamente favorables.
Los partidos que la integran crecieron sensiblemente. En el terreno
sindical el balance es, si se quiere, mucho más satisfactorio.
Las camarillas de UTC y CTC aumentaron su soledad, mientras la
CSTC ha visto incrementar sus efectivos con "60 organizaciones
que agrupan más de 150 mil trabajadores de diferentes ramas
de la economía"[1], como lo informó textualmente
su Comité Ejecutivo en mensaje de fin de año de
diciembre pasado.
Pero lo que merece reseñarse
destacadamente es que en el proceso unitario el proletariado colombiano
fue desbrozando una serie de principios que con absoluta seguridad
guiarán su acción en el futuro. Estos principios
son puntos programáticos y políticos que hacen parte
ya del arsenal ideológico de la clase obrera. En multitud
de encuentros, en actos preparatorios del congreso, en decenas
de resoluciones quedaron registrados esos puntos que bien podemos
sintetizar en tres grandes directivas para la nueva central unitaria:
1) Estará al servicio del proletariado y del pueblo colombiano,
2) combatirá y aislará a las camarillas de la UTC
y CTC y 3) se regirá por la "democracia sindical".
El congreso de la CSTC deberá refrendar estas orientaciones
fundamentales, en lo que ellas valen y representan para la clase
obrera.
El 4 de marzo está cronológicamente
al final de todo un período revolucionario. El MOIR espera
fervorosamente que sea su culminación apoteósica
y no su negación.
UNA CALAMIDAD HISTÓRICA DE NUESTRO
PUEBLO
Los acontecimientos anteriormente analizados
reclaman un estudio más pormenorizado, pero confiemos en
que sobrarán oportunidades para hacerlo. Por ahora contentémonos
con que ha quedado planteada nuestra posición en sus rasgos
esenciales. Los problemas teóricos y prácticos esbozados
son de máxima trascendencia para la clase obrera y lógicamente
para el marxismo-leninismo. No obstante, aquellos hechos no son
los únicos que, en vísperas del congreso sindical,
arrojan discrepancias entre el MOIR y el Partido Comunista.
Desde el mismo 7 de agosto de 1974 se
vio que el gobierno de López Michelsen sería una
de las grandes calamidades históricas del pueblo colombiano.
A lo largo y ancho de Colombia, el MOIR y la UNO fueron explicando
a las masas populares, en desarrollo de la campaña electoral
pasada, que cualquiera de los dos candidatos oficiales en puja,
que resultare ungido por el imperialismo y sus intermediarios
para dirigir el país desde el más alto cargo de
la democracia oligárquica, sería en el fondo una
idéntica desgracia, en consideración a que estaba
determinado que el liberalismo y el conservatismo continuarían
coligados y compartiendo el poder paritariamente. Conocido el
resultado de las elecciones se fue propagando como pólvora
por toda la sociedad, y alentado especialmente por la pequeña
burguesía, un sentimiento de que tal vez sí López
era el mal menor. Pero la coalición burgués-terrateniente
proimperialista interpretó los tres millones de votos contabilizados
al liberalismo como un designio providencial que indicaba que
había llegado la hora de exprimirle a la nación
hasta el último peso.
Así fue como López inició
su obra macabra, autorizando la orgía de alzas, centuplicando
los impuestos al pueblo, garantizando el saqueo imperialista.
Su primer acto de gobierno consistió en establecer la emergencia
económica, estrenando el artículo 122 de la Constitución
que él mismo había propuesto y luego negociado con
Lleras Restrepo en la reforma de 1968. Mediante esta norma de
excepción se instauró una legislación tributaria
regresiva, que acentúa aún más la tradicional
política oligárquica de los impuestos indirectos
y grava ruinosamente a los pequeños y medianos productores,
mientras aligera los tributos de los consorcios industriales,
sobre todo de los extranjeros; se consolidaron y aumentaron los
privilegios que el gobierno de Pastrana había concedido
con largueza al sector financiero de la gran burguesía,
se derrumbaron talanqueras legales para facilitar a los monopolios
norteamericanos el robo de los recursos naturales del país;
se reajustó escandalosamente el impuesto a las ventas;
se recortaron gastos y se ordenaron emisiones inflacionarias para
proteger las partidas que el Estado presupuesta cada año
con el fin de subsidiar al gran capital colombiano e internacional.
Durante 45 días y 45 noches el señor López
legisló sobre lo habido y por haber, echando a un lado
el Parlamento, al que le tenía preservada la vergüenza
pública de obligarlo a cambiar de opinión en menos
de 24 horas, cuando éste se atrevió en un arranque
de independencia frente al Ejecutivo a empantanar la ley de aparcería,
reclamada con tanto interés por los terratenientes. Claro
está que el Parlamento cambió su opinión,
y su pudor, por el aumento de las dietas que el presidente igualmente
amenazaba con empantanar.
La flamante política de “ingresos
y salarios" propalada a los cuatro vientos con bombo y platillos
por el candidato López, resultó ser a la postre
la vulgar "economía concertada", que consiste
en pedir a las masas trabajadoras que se aprieten el cinturón,
algunas veces a través de pactos suscritos entre gobierno,
patronos y sindicatos como en la Argentina, en nombre del "desarrollo",
de la "convivencia", de la "paz social" y
de otras chácharas.
En relación a la política
internacional, el presidente López se inventó una
hipotética cuarta posición, que se la explicó
en detalle al príncipe Bernardo de Holanda cuando éste
visitó a Colombia, y cuya aspiración sublime se
compendia en: "no queremos la confrontación entre
países ricos y países pobres"[2]. Tal cuarta
posición, mientras en el planeta, como dicen los camaradas
chinos, "hay un gran desorden bajo los cielos” es una
forma ladina, muy lopista, de apoyar el imperialismo que se debate
herido de muerte en medio de una crisis económica y política
irreversible, y de traicionar la lucha portentosa de los países
del Tercer Mundo por sus derechos, por su independencia y por
su soberanía, y a los cuales pertenece Colombia.
Pero, definitivamente, la característica
más peculiar de este gobierno es su incapacidad de negarse
cuando los gremios poderosos tocan a su despacho en solicitud
de decretos para subir los precios.
En realidad no es sectaria la afirmación
de que el gobierno de López es una de las grandes calamidades
históricas del pueblo colombiano.
Dentro del sistema neocolonial y semifeudal
que ha imperado en Colombia desde comienzos del siglo, las masas
populares han llevado siempre una vida miserable, llena de privaciones
y humillaciones. Los regímenes reaccionarios y apátridas
que se han sucedido durante décadas, no han hecho más
que agudizar los sufrimientos del pueblo. En la actualidad, las
contradicciones sociales llegan a un extremo jamás conocido.
Las medidas adoptadas por el gobierno de López han tenido
ya repercusiones supremamente claras, como mayor parálisis
de la producción, aumento del desempleo, encarecimiento
desbordado del costo de la vida, hambruna en el campo y en la
ciudad. Mucho antes de lo que esperaban los plumíferos
de la gran prensa, la protesta popular comenzó a desatarse
en todas partes, desde Riohacha hasta Puerto Asís. Los
trabajadores de las distintas ramas de la economía han
manifestado su firme y rotundo rechazo a la política de
explotación y represión del mandato de hambre, y
han realizado paros, huelgas y luchas varias, o las están
anunciando.
El paro nacional bancario de enero hace
parte de la actual escalada combativa de las masas asalariadas
y explotadas. El gobierno, como proceden todos los gobiernos antipopulares
que están al borde de recibir severa reprimenda de sus
gobernados, corrió a explicar que todo mundo estaba feliz,
que las dificultades serían llevaderas, que la lucha de
los bancarios y del resto de trabajadores se reducía a
un plan subversivo preparado por minorías anárquicas
controladas desde el exterior. Y la ministra del Trabajo, como
ya dijimos, acusó a la CSTC de estar involucrada en semejante
plan.
Entonces se presentaron dos hechos protagonizados
por la dirección de la CSTC, sobre los cuales vale la pena
hacer algunas consideraciones, porque son episodios de un solo
drama, unidos entre sí por el mismo comportamiento político,
y ambos íntimamente relacionados con la cuestión
de cómo librar consecuentemente la lucha contra el régimen.
Dos hechos en los cuales no hemos tenido participación,
a pesar de nuestra condición de aliados cercanos de sus
ejecutores. El uno no nos fue consultado; el otro hace parte de
la guerra no declarada del Partido Comunista contra nuestro Partido.
El 21 de enero, el Comité Ejecutivo
de la CSTC elevó ante el presidente de la Cámara
de Representantes una demanda penal contra la ministra del Trabajo,
"por los delitos contra la libertad de asociación,
falsas imputaciones y calumnia, así como los demás
que pudieren resultar comprobados como infracciones de la ley
penal dentro del proceso"[3]. Y el 24 de enero, los mismos
dirigentes de la CSTC produjeron una declaración, en la
cual, después de acomodar los acontecimientos a sus deseos,
amparar a unos cuantos esquiroles, atacar al MOIR y darle un puntillazo
al movimiento bancario, se formula esta reconvención: "Hacemos
un llamamiento a los trabajadores bancarios para que defiendan
su unidad, para que rechacen todo método aventurero y anarquista
de grupos que llevados por la desesperación facilitan la
acción de los enemigos de los trabajadores"[4].
LA TRASCENDENCIA DE UNA DEMANDA PENAL
Empecemos por el primero. En el texto
de la denuncia publicado íntegramente por "Voz Proletaria",
se leen cosas de este tenor:
"Se han difundido por medio de
órganos de expresión con circulación intensa
en todo el país afirmaciones que riñen con la verdad,
sobre las cuales no existe ninguna prueba y que además
causan perjuicios a la central obrera CSTC, ya que la afectan
directamente por el simple hecho de ejercer facultades legales
y derechos constitucionales".
"Ello implica en consecuencia que
se ha violado la ley, se ha atentado contra la libertad de asociación,
se pretende intimidarnos en nuestros derechos y se nos han imputado
falsas afirmaciones, cayendo en el terreno de la calumnia"[5].
Varios artículos de la Constitución
y del Código Penal se acopian para que la Cámara
de Representantes los tenga en cuenta, y los aplique en el juicio
del siglo contra la ministra. Agrega la demanda:
"a) El artículo 16 de la
Constitución Nacional ordena que las autoridades de la
República están instituídas precisamente
para proteger a todas las personas y asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares;
"b) El artículo 17 de la
Constitución determina que el trabajo es una obligación
social y que 'gozará' de la especial protección
del Estado;
"c) El artículo 309 del
Código Penal dice: 'El que impida materialmente o turbe
una reunión o asociación lícita o el ejercicio
de los derechos que conceden las leyes sobre sindicatos o huelgas,
o use represalias con motivo de huelgas legítimas incurrirá
en arresto de dos meses a un año y en multa de cincuenta
a dos mil pesos. Si el hecho de que trata el inciso anterior fuere
cometido por funcionario o empleado público se le impondrá
además la privación del cargo que ejerza;
"d) El artículo 337 del
mismo Código señala que quien por cualquier medio
eficaz para divulgar el pensamiento ataque el honor, la reputación
o la dignidad de una persona estará sujeto al arresto de
tres días a diez y ocho meses y multa de cincuenta mil
pesos"[6].
Tanta inocencia mueve a compasión.
No se sabe qué es más ingenuo en la demanda: si
la creencia de que la ley del Estado oligárquico respeta
la "libertad de asociación", presta "especial
protección al trabajo", o ha sido instituida para
"asegurar el cumplimiento de los deberes sociales",
o la sorpresa porque los funcionarios de ese Estado violen las
leyes que ellos fabrican. Sin embargo, el que inocentemente peca,
inocentemente se condena. Aléguese el móvil que
quiera, pero una denuncia presentada al Congreso de Colombia,
ante la faz del país, acusando a un miembro del gabinete
ministerial, en representación de la clase obrera, y esgrimiendo
la Constitución y las leyes de la República, es
defender, o dar a entender que se defiende y se cree en el derecho
burgués con que las clases dominantes apalean a los esclavos
de hoy, y, lo que es peor, reclamar, o dar a entender que se reclama
que ese derecho continúe vigente. Y no se vaya a justificar
el asunto alegando que los "extremo-izquierdistas" decimos
todas estas sandeces porque no sabemos que los trabajadores y
los sindicatos tienen que recurrir a menudo al derecho burgués,
y presentan demandas en los tribunales en defensa de sus intereses.
Pero una cosa es que un trabajador, obligado por las circunstancias,
o convencido todavía de que las leyes son para todo el
pueblo por igual, entre a una oficina de Trabajo, con el Código
Laboral bajo el brazo, y reclame en su propio interés.
Y otra cosa muy distinta es que los generales de los obreros entren
al Capitolio Nacional, caigan de rodillas ante la Constitución
y los códigos, como cualquier leguleyo de trece por docena,
y coloquen la política revolucionaria del proletariado
a la altura de los tribunales laborales.
Mucho más cándida es la
pretensión de que un Parlamento lacayuno, de aplastantes
mayorías frentenacionalistas y convertido en rey de burlas,
vaya a tener la osadía de tocarle un pelo al más
intonso de los ministros de Alfonso López, aunque este
ministro sea la señora de Crovo. Del hecho de que la CSTC,
después de diez años de combate, haya recibido la
personería jurídica, no se desprende tampoco que
el gobierno que se la concedió esté dispuesto a
aceptar un juego en el cual los "subversivos" y los
"anarquistas" aparezcan como partidarios de la legalidad
y el orden, y los encargados de mantenerlos como sus infractores.
Este juego le conviene menos a la clase obrera, que no podrá
jamás emanciparse, ni liberar a Colombia, sino a condición
de que esta legalidad y este orden sean quebrantados y sepultados
para siempre.
Pero, si el Parlamento no sancionará
a la señora de Crovo, ni la destituirá, ni la multará,
ni la arrestará, ¿qué utilidad puede tener
esta comedia? Dejemos que Voz Proletaria lo explique: "Al
recurrir ante el Congreso de la nación la clase obrera
demuestra, de manera trascendental, que es la abanderada de la
democracia y del respeto a los derechos ciudadanos"[7].
De tal forma que con el proceso penal
contra la ministra del Trabajo, o ministra del capital, se absolvió
fue a la clase obrera. Pero este veredicto, proferido de manera
tan trascendental, será rechazado por el proletariado colombiano.
Los obreros demostrarán ante sí mismos y ante el
pueblo, no el respeto, sino la profunda repugnancia que les produce
la democracia oligárquica, con sus derechos y libertades
para matar de hambre a los desposeídos; con sus leyes y
jueces para hacer del pillaje un negocio lucrativo y honrado;
con sus cárceles y verdugos uniformados para mantener la
santa paz social; con sus sabios y doctores para embaucar a los
humildes, y con su señora de Crovo.
EL TRISTE FINAL DE UNA DISPUTA PUBLICA
Pasemos al segundo episodio de este
drama. En la declaración del 24 de enero de la CSTC se
afirma:
"Entre estas luchas (las de los
trabajadores de los bancos) tuvo lugar un paro de solidaridad
el 17 de enero, cuyo éxito fue posible por la participación
unitaria de las diversas organizaciones de los bancarios. Posteriormente
algunos sectores plantearon transformar este paro de solidaridad
de 24 horas en un movimiento huelguístico nacional indefinido,
con la cual se le hacía el juego y se daba el pretexto
que buscaban empresarios y gobierno para efectuar despidos, aplicar
medidas represivas y, llegado el caso, imponer de nuevo el estado
de sitio, que le facilite más a la clase dominante dificultar
el proceso unitario que ha venido encausando la Confederación
Sindical de Trabajadores de Colombia"[8].
El argumento central de la dirección
de la CSTC en la condena que hace del movimiento bancario como
producto de un "método aventurero y anarquista",
se resume en que un paro indefinido era incorrecto, pero un paro
de solidaridad, definido, no lo era. No vamos a discutir ahora
la diferencia táctica de uno u otro paro, ni el resto de
problemas que se precipitaron aceleradamente en el seno de los
trabajadores bancarios durante las jornadas de enero. Lo haremos
en próxima ocasión. Hoy queremos sólo destacar
algo de bulto: el Comité Ejecutivo de la Confederación
alteró a su acomodo los hechos, y para proteger a los esquiroles
del movimiento, dio a entender que éstos se opusieron siempre
al paro indefinido. Absolutamente falso. Los esquiroles estuvieron
de acuerdo con el paro indefinido, le hicieron propaganda, hablaron
de él favorablemente por la prensa y la radio, hasta el
día 22 de enero, cuando lo levantaron unilateralmente,
a espaldas de los trabajadores, mediante una resolución
que la derecha aplaudió. Después inventaron la diferencia
tan radical, tan intransigente, tan insalvable, tan antagónica,
del paro indefinido. La dirección de la CSTC se plegó
a este invento, o lo urdió. En todo caso, el paro bancario,
que tenía enormes dificultades, es cierto, quedó
definitivamente aplastado por el gobierno ese día, con
las consecuencias por todos conocidas.
Por otra parte, la declaración
del Comité Ejecutivo de la CSTC coincidió en el
fondo con un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno
y difundido por la prensa en la misma fecha, el 24 de enero. La
CSTC señalaba con nombres propios a dirigentes bancarios
como miembros de nuestro Partido y los culpaba de la lucha "aventurera"
y "anárquica". El ministro de Gobierno decía:
el paro bancario "es un movimiento político que el
MOIR ha confesado que ha tomado bajo su dirección, con
fines subversivos"[9].
Además resulta inaudito que el
Comité Ejecutivo de la Confederación, entre las
muchas desventuras que pinta de mano maestra, mencione que con
los métodos "anárquicos" de los bancarios
se le estuvo facilitando el pretexto al gobierno para "imponer
el estado de sitio". Y llama aún más la atención
la forma como relaciona la amenaza del estado de sitio con las
facilidades que tendrán las clases dominantes para "dificultar
el proceso unitario". Claro está que toda esa metafísica
es para acusar al MOIR de atentar contra la política de
unidad obrera: si los paros "aventureros" del MOIR son
pretexto para el estado de sitio, y el estado de sitio facilita
a las clases dominantes el dificultar el proceso unitario, luego
el MOIR es enemigo de la unidad obrera. La clase trabajadora se
ríe de estos sofismas del padre Faría.
Se cae de su peso que si el gobierno
busca imponer el estado de sitio, siempre encontrará mil
pretextos. Como tales le servirán, no sólo una u
otra huelga, sino también las justas invasiones de los
campesinos a las fincas de los grandes terratenientes, o los paros
cívicos de ciudades que como Barrancabermeja solicitan
servicios públicos elementales, o las movilizaciones de
los estudiantes en defensa de sus derechos y de la nueva cultura
colombiana, o cualquier otro ataque de histeria ministerial. La
clase obrera que combate el estado de sitio y todas las demás
medidas antidemocráticas de sus explotadores, no se amedrentará
por esta amenaza, ni dejará de combatir, ni paralizará
el proceso unitario que tantas luchas abnegadas y duras le ha
costado, y le costará en el futuro.
Lo que perjudica a la unidad obrera
son los embelecos sectarios, las vacilaciones en el permanente
combate contra sus enemigos principales, los métodos burocráticos
de sus cuadros directivos para resolver los problemas, la ausencia
de crítica y de ánimo para corregir los errores.
Pero el proletariado colombiano ya encontró el camino de
su unidad de clase, y nada ni nadie podrá apartarlo de
él.
El epílogo de toda esta tragicomedia
fue que la señora de Crovo pudo al fin dormir tranquila.
Ella, que el 10 de enero bautizó de anárquico el
paro bancario, acusándolo de hacer parte de un complot
de la CSTC para derrocar el gobierno, ella, que había hablado
de la "guerrilla sindical", ilegalizado el movimiento
de los bancarios, autorizado a la banca el despido masivo de los
huelguistas, pudo exclamar el 7 de febrero, con una sarcástica
sonrisa en los labios: "la opinión pública
se enteró de cómo la CSTC calificó de aventurismo
la orden de paro indefinido"[10].
Comprendemos que ha quedado abierta
una gran polémica entre el MOIR y sus aliados. Polémica,
que nos llevará necesariamente a algunos replanteamientos
sobre las actuales condiciones, no con el objeto de desbaratar
la alianza, sino a fin de proyectarla con más sólidas
y amplias perspectivas. Para el movimiento obrero colombiano será
de enorme utilidad una discusión acerca de las cuestiones
de principio de su política de clase. Y las fuerzas revolucionarias
colombianas ganarán con el avance de la ideología
del proletariado, el marxismo-leninismo, que sólo se ha
desarrollado allí donde hay lucha, discusión y movimiento.
(*) Artículo publicado en el
libro Unidad y Combate y tomado de Tribuna Roja Nº 13, febrero
27 de 1975.
NOTAS
[1] Voz
Proletaria, enero 9 de 1975.
[2] Del discurso de López Michelsen en el banquete al príncipe
Bernardo de Holanda, El Tiempo, enero 29 de 1975.
[3] Del texto de la demanda, Voz Proletaria, enero 16 de 1975.
[4] Declaración CSTC, Voz Proletaria, enero 30 de 1975.
[5] De la demanda citada.
[6] Idem.
[7] Del editorial de Voz Proletaria, enero 23 de 1975.
[8] Declaración citada.
[9] Del comunicado del ministro de Gobierno, Cornelio Reyes, El
Tiempo, enero 24 de 1975.
[10] Del reportaje a la ministra del Trabajo, María Helena
de Crovo, en "El Espectador", febrero 7 de 1975.