El 27 de Mayo, Otro 11 de
Marzo (*)
"En
el Estado toma cuerpo ante nosotros el primer poder ideológico
sobre los hombres", decía Federico Engels en su folleto
intitulado Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica
alemana, que escribiera hacia 1886 con la mira de recapitular
los hondos cambios ocurridos en el pensamiento del siglo XIX.
Se había descubierto que el aparato estatal, aun cuando
parecía erguirse independientemente por encima de toda
la sociedad, encarnaba a una determinada clase o capas sociales,
y éstas, cualesquiera que fuesen, si querían establecer
su dominación, estaban obligadas a conquistarlo y a través
de él presentar sus intereses como si se trataran de los
objetivos de la comunidad entera. Ante el montón de acontecimientos
contradictorios que se entrelazaron en las elecciones del 11 de
marzo, quien se ocupe de la historia de estos días calamitosos,
no podrá menos que, sin atenerse demasiado a la lógica,
resaltar la fuerza de convicción del modelo presidencialista
que nos ha regido por años.
No obstante los errores cometidos, unos
garrafales y otros infantiles, el pequeño círculo
palaciego se salió con las suyas. Los distintos movimientos
políticos y gremiales, incluidos los expresidentes y los
periódicos del partido de gobierno, han censurado muchas
de las actuaciones del cuatrienio en extinción. A Barco
se le reprueban desde sus largos silencios hasta sus frecuentes
viajes a otras latitudes, vacíos tanto más notorios
cuanto que la situación de Colombia va de mal en peor.
Los colombianos nos sentimos inermes ante los estragos de un terrorismo
incontenible, que ha cobrado la vida de cuatro candidatos presidenciales
y de miles de personas inocentes; de un desempleo y una inflación
multiplicados; de una deuda externa cuyo servicio representa el
mayor escollo para el crecimiento nacional; de una lucha contra
el narcotráfico más costosa de lo previsto, y de
un incremento repentino de las presiones de los monopolios del
Norte que pretenden llevar hasta el último extremo su indiscutida
supremacía sobre el mercado, la industria y los recursos
de nuestra nación. Y no faltan quienes, con ascendiente
para exponerlo, han demandado el relevo presidencial y el nombramiento
de una administración de facto. Sacándole el jugo
a las manifestaciones continuas de inconformidad, el mismo Alvaro
Góniez Hurtado tuvo el atrevimiento de proponerle a Barco
un triunvirato que se ocupara de los intríngulis del orden
público, la forma menos cruda de sugerir la abdicación
o el autogolpe.
Aun así, estos enfrentamientos
no deben recibirse sin beneficio de inventario. Cada vez que las
autoridades supremas se lucieron con sus salidas de tono, de los
labios de un Lleras Restrepo, un López Michelsen, un Turbay
Ayala, un Betancur Cuartas, e inclusive de un Pastrana Borrero,
brotó sin ambages el consejo penetrante y pertinente. ¡Se
puede ser liberal, pero con prudencia! A ese paso los experimentados
adalides del bipartidismo tradicional, olvidándose a ratos
de las cordiales discordias, han aparecido en las coyunturas difíciles,
con uno u otro interés, a rendir el tributo de su apoyo
al último período gubernamental de los ochentas.
Nosotros pensábamos, por ejemplo,
que Turbay Ayala, tras haber sido escogido como arquitecto y amo
de la unión de su colectividad, vendría del Vaticano
a poner las cosas en su sitio; mas el exmandatario, tentado por
el demonio de la reelección, acabó coqueteando con
los detentadores del poder y complaciendo cada una de sus estratagemas.
Aceptó la escogencia a dedo de Gaviria como candidato de
la facción galanista; estuvo en el banquete de homenaje
al sombrero del comandante del M-19, haciendo gala de absoluta
obediencia; no puso reparo alguno a las cuatro o cinco enmiendas
constitucionales que de modo tan incongruente intentó imponer
el gobierno, comprendida la "séptima papeleta",
que fuera inventada, entre otras finalidades, para recogerle votos
al heredero del barquismo, y no le hizo honor ni a su aureola
de táctico ni a su tradición de caudillo. Carlos
Lleras respaldó toda la maniobra, sin estridencias, a pesar
de haber criticado en su momento la alianza de Luis Carlos Galán
con el Ejecutivo, hecha para impedir el arribo de Juan Martín
Caicedo Ferrer a la alcaldía de Bogotá en los comicios
de 1988. Belisario Betancur, no obstante mantenerse al lado del
socialconservatismo, ha asumido una actitud más bien discreta,
sin ir a fondo en la pelea contra el esquema barquista de mando,
cuidándose de desencadenar juicios de responsabilidades
sobre las repercusiones del "sí se puede", un
ensayo funesto que, cual se sabe, atizó la espantosa violencia
en la que se desangra la república y agudizó la
enorme crisis económica de Colombia. Y Misael Pastrana,
quien con su aspirante presidencial, el doctor Lloreda, marcha
hacia el 27 de mayo presintiendo las tempestades de una derrota
casi segura, en forma sorprendente ha acogido, o ha puesto apenas
reparos a las grandes maquinaciones de los héroes del día,
entre las cuales se destacan la exaltación artificial del
M-19; las franquicias otorgadas a las mercaderías y a los
capitales foráneos, que en creciente número inundarán
el territorio patrio, y la reforma de las instituciones por los
medios de un plebiscito y de una asamblea especial, sin perjuicio
de que tales arrebatos vayan a contrapelo de la legislación
vigente, o hubieran contribuido el 11 de marzo a generar la inmensa
e incomprensible votación atribuida a uno de los más
eméritos miembros del vapuleado sanedrín.
O sea que el continuismo, pese a los
palos de ciego y a los irritantes desafíos con los que
cuotidianamente se pone a prueba la paciencia de los gobernados,
convirtió sus verdades en una creencia general, la que
al mismo tiempo utiliza para realizar propósitos muy definidos
y muy particulares. El quid de este extraño fenómeno
no se halla en la habilidad del mandatario de turno sino en la
omnipotencia del Estado, más aún en las democracias
pobres y sometidas, en donde las influencias sociales, tanto económicas
como políticas, tienden a concentrarse por completo en
la maquinaria gubernamental y, en último término,
en la figura del primer magistrado, quien a menudo, moldea la
conciencia pública sin tener que acertar en las soluciones,
ni verse obligado a inquirir la opinión de sus conciudadanos.
Los guarismos de las elecciones del
11 de marzo pusieron precisamente al descubierto las preeminencias
demoledoras del presidente de la república. Nadie más
que él ganó la consulta liberal interna, y con una
votación demasiado voluminosa para el curriculum vitae
de su favorito, pues el señor Gaviria jamás se destacó
en los terrenos de la teoría, las letras, la oratoria,
ni en ninguna de las demás disciplinas indispensables para
el correcto encauzamiento de los destinos de un país. Es
curioso, por decir lo menos, que este personaje ocasional, al
que todos consideran un santón, bien en la una, bien en
la otra acepción del diccionario, sea, en el mejor sentido,
el hombre de la crisis. Por supuesto que las votaciones adolecieron
de escandalosas anomalías, muchas de las cuales las propició
o las toleró el régimen, empañando su propio
éxito. A Yamid Amat, del noticiero de Caracol, cadena de
reconocida audiencia, se le permitió hacia el mediodía,
en una hora clave, inducir las preferencias de los electores mediante
la divulgación de encuestas que a la postre resultaron
abultadas y urdidas. La simbólica sanción con que
más tarde fuera amonestado el monopolio radial, perseguía
únicamente el revestir la falta con un viso de escrúpulo,
después de que el ardid ya había surtido sus efectos,
y siendo que los informadores son los más informados de
la expresa prohibición de suministrar escrutinios distintos
a los elaborados por los organismos de que habla, no sólo
el Código Electoral de 1986, sino las disposiciones modificatorias
posteriores.
En cuanto a los daños de las
computadoras de la registraduría, cuyo sistema operativo
sufrió ese domingo un verdadero infarto que durante dos
días impidió se conocieran los datos oficiales,
los funcionarios no lograron desvanecer las sospechas. Lo cierto
es que cuando el gobierno colombiano había quedado comprometido
a modernizar en algo los sufragios, más que en ninguna
otra ocasión y conforme a las normas indicadas, aquéllos
acusaron imperfecciones inexcusables.
La otra grave irregularidad, tampoco
esclarecida de modo satisfactorio, consistió en el consentimiento
de la celebre "séptima papeleta" en pro de la
asamblea constituyente, y que una especie de mita estudiantil,
organizada para el caso, repartió entre los votantes de
determinados municipios, mientras que sus reales gestores, conocidos
dirigentes de las viejas colectividades y de la franja extremoizquierdista,
se limitaban a aplaudir tras bambalinas. Con el ánimo de
convalidar todo este nebuloso asunto, Jaime Serrano Rueda, el
registrador, adoptó una posición ridícula:
que a la propuesta ciertamente le faltaba piso legal y, en consecuencia,
no se escrutaría el respaldo que obtuviese; pero tampoco
se anularían los votos si la tarjeta en mención
iba dentro de los sobres de las listas debidamente registradas.
De ahí el nombre que se le diera. Sobra añadir que
los medios de comunicación asumieron voluntariamente la
tarea de contarla; mas nadie responde de la veracidad de las elevadas
y disímiles cifras difundidas. La reforma de la Ley Fundamental
había comenzado... con su quebrantamiento.
Un último cambio en las reglas
del juego, no menos despótico que los anteriores, se advierte
en los múltiples privilegios concedidos al M-19 por parte
de los asesores presidenciales y consignados en las actas de Santo
Domingo, una lejana región del departamento del Cauca.
Para sacar avante las negociaciones de la "paz", cuyos
puntos acordados fueron meras cuestiones de crematística
adobadas en retórica, el Palacio de Nariño contrajo
el compromiso de facilitar el acceso a las urnas de la organización
insurrecta, resolviéndole, de un día para otro,
todas y cada una de sus dificultades, desde las de protección
y vigilancia hasta las de orden jurídico y financiero.
Siguiendo las huellas de su antecesor, el mandato barquista también
buscaba recomponer su imagen y además ganarse un aliado,
a su juicio valioso, que, desde un supuesto bando contrario, lo
acolite en los afanes por fortalecer a Gaviria, enterrar al conservatismo,
cumplir con la apertura económica e instaurar el referendo
y la constituyente. He ahí el inesperado desenlace del
drama de los seguidores del sacrificado comandante Carlos Pizarro
Leongómez, de los exponentes vivos de una agrupación
rebelde que se hallaba vencida, según lo recuerdan a menudo
sus ex compañeros de la Coordinadora Guerrillera, y que
ahora han pasado a desempeñar un papel de primera línea
en la lucha civil, o civilizada, si se quiere. Recibieron en marzo
una votación tanto o más inconcebible que la del
ex ministro delegatario, dadas las condiciones de improvisación
de su campaña, e ingresaron al Parlamento y a otros cuerpos
colegiados. Es una victoria de estos corredores de la subasta
del apaciguamiento barquista, quienes acaban de poner a disposición
de los habitantes del Magdalena Medio sus buenos oficios de intermediarios,
luego de enterarse de que las autodefensas de la estratégica
zona habían presentado fórmulas conciliatorias al
alto gobierno. Su conversión no podía ser entonces,
ni más rápida, ni más milagrosa. En un periquete
saltaron del monte a la ciudad, de perseguidos a asesores, de
objetos de la "paz" a sujetos de ésta. Con todo,
entre los decretos de estado de sitio expedidos a su favor, la
Corte Suprema de Justicia declaró ya inexequible uno de
ellos, el 713 del presente año, por el cual se permitía
la inscripción de aspirantes a la presidencia aunque no
reunieran las calidades contempladas en la Constitución.
A dichas alteraciones han de agregárseles
los conceptos del Procurador Alfonso Gómez Méndez
contra el plebiscito recién decretado, y por el cual los
comicios del próximo 27 decidirían la convocatoria
de una "asamblea constitucional". En otras palabras,
vuelve y juega la "séptima papeleta", ahora con
el franco patrocinio del gabinete. A la hora de escribirse estas
líneas se desconocía aún el veredicto de
la Corte al respecto. Pero no necesitamos esperar el fallo, favorable
o adverso, para persuadimos de que la vieja república se
encamina hacía un cambio abrupto de sus instituciones,
promovido cabalmente por los sectores políticos y sociales
que en los últimos años han ido ganando notoriedad
e influencia en áreas vitales del Poder, las finanzas,
el gran comercio, las relaciones internacionales. Existen síntomas
bastante evidentes de que estamos entrando en una nueva situación,
lo mismo dentro que fuera de Colombia. Se trata de acontecimientos
imposibles de ignorar, pero también imposibles de creer
hace una década, o hace un lustro.
Podemos decir que Estados Unidos recuperó
en buena parte la iniciativa perdida dentro del ámbito
de los negocios internacionales, mientras la Unión Soviética,
en la recta final de su involución capitalista, ve disminuir
aceleradamente la suya. Una variación de ciento ochenta
grados en el curso de las contradicciones a nivel mundial. La
humanidad se precipita hacia una guerra económica de extensión
y proporciones no observadas desde los tiempos en que el trabajo
forjó sobre la Tierra las primeras mercancías y
el primer intercambio de éstas; unas colosales disputas
que cobijarán a todos los continentes y a todas las razas,
pero cuyos principales autores no serán ya exclusivamente
las dos grandes naciones nombradas, sino que contarán también
con la activa presencia de Europa y el Japón. El mundo
dividido por dos se ha dividido por cuatro, y quizás se
partiría en cinco, si China, con más de mil millones
de seres, se acercara por su cuenta y riesgo al teatro de unos
enfrentamientos hasta el presente "pacíficos",
pero que cualquier desajuste en el complicado equilibrio bien
podría encenderlos. Los planteamientos de que, para salir
del atraso y la pobreza, Colombia debe tomar parte resueltamente
en el actual proceso de intemacionalización de la economía,
y sobre los cuales tanto se especula, son apenas ecos ideológicos
de las agrias contiendas que libran las metrópolis por
el control de los mercados. A la par que pregonan la apertura
para los países que giran en su órbita, los bloques
imperialistas practican entre ellos el proteccionismo. Y ésta
es la doble conducta que mantienen los consorcios estadinenses
en sus relaciones con nosotros y el resto de Latinoamérica.
Siempre hemos insistido en la necesidad
de efectuar rectificaciones en la conducción de la economía
del país, algunas incluso de fondo. Jamás hemos
sido partidarios de escudarnos en el aislamiento nacional como
una forma de proteger nuestra incipente industria. En suma, no
creemos que haya fórmulas simples o fáciles en el
intento titánico de propugnar el desarrollo. Pero de ahí
a dejarnos arrastrar de la ternilla, o compartir la ingenua convicción
de que basta con introducirnos en la retorta del comercio mundial
para salir fortalecidos con la prueba de la competencia, hay un
abismo muy considerable. A quienes les cuelan estos cuentos, o
no son listos, o no son independientes. Cuando alguien se refiere
a la apertura económica se entiende que habla de una política
global, concreta y definida, la que el Fondo Monetario Internacional
les está imponiendo a los países endeudados, con
el propósito de convertirlos exclusiva y totalmente en
feudatarios o tributarios de las economías de las repúblicas
de los prestamistas del planeta, y en nuestro caso, de la norteamericana.
Obviamente aquel enunciado no atañe a los esfuerzos que
emprendan los exportadores o los comerciantes de un determinado
pueblo tras el cometido de vender en el exterior los productos
de éste e impulsar su progreso, contra lo cual ningún
patriota consecuente habría de pronunciarse. La apertura
que venimos reseñando y combatiendo implica no la modernización
de las estructuras productivas de Colombia sino la quiebra de
algunas de sus ramas industriales más antiguas, más
sólidas y de mayor afluencia del capital nacional. El torrente
de medidas económicas que desde el segundo semestre de
1989, ha puesto precipitadamente en práctica el actual
gobierno, ya en la penumbra de su decadencia, levantaron múltiples
reclamos de los gremios industriales, las organizaciones sindicales
y los frentes investigativos. Se derrumban las escasas barreras
de protección e iníciase el alud indiscriminado
de los productos extranjeros; el Estado pone en venta sus participaciones
en las actividades productivas y se tramita la privatización
de los servicios públicos; los créditos de fomento
sufren drásticos recortes y los intereses bancarios llegan
a índices realmente confíscatorios; los organismos
de la planificación estudian el desmonte del control de
cambios y el dólar continúa desplazando al peso
en las transacciones internas. En fin, con sus reformas en los
más variados campos, las autoridades colombianas alientan
el proceso de colonización o apertura económica,
que es lo mismo.
Mucho tememos que todo este revuelo
armado en torno a la enmienda de la Constitución a través
de la vía excepcional de un referendo y de una asamblea
extraparlamentaria, obedezca a insistencias de Washington para
que se efectúen cuanto antes los amoldamientos jurídicos
sin los cuales no sería posible la santa misión
de liberalizar a los países infieles de la época.
La tormenta reformista que se ha desatado representaría
entonces un gigantesco retroceso y no una innovación, cual
lo proclaman los constitucionalistas del sistema. Estaríamos
ante una conjura contra el país, que vería comprometido
su futuro y aplastadas sus mejores tradiciones. Todo indica que
es así, desafortunadamente.
Los ejecutores del peligroso proyecto
se aprovecharán hasta de los anhelos de cambio de las masas.
Cualquier factor puede servir: la deficiencia de los jueces, el
anquilosamiento de las cámaras legislativas, la lucha sin
cuartel contra el narcotráfico, la candidez virginal de
los universitarios, el oportunismo de la extremaizquierda, los
cálculos ilusos y egoístas de la burguesía,
la división permanente de la clase obrera, los realinderamientos
a escala internacional, el temor de las gentes y, sobre todo,
la indiferencia política de vastos segmentos de la población,
que da pábulo a la labor diversionista del Ejecutivo, cuando
casi todos los meses se escuchan desconcertantes noticias o rumores
de que naves norteamericanas han vulnerado las aguas y los cielos
de Colombia; incidentes gravísimos, frente a los cuales
el presidente de la república ni siquiera se pronuncia.
Y el día que por tal motivo llegó a salir un comunicado
de alguna agencia gubernamental, fue para justificar las expediciones
yanquis, por lo general fraguadas desde territorio panameño,
convertido de hecho en el 52 estado de la Unión, luego
del asalto de diciembre, con que, se depuso a Noriega y se le
secuestró. Otro tanto ha acontecido con la muerte violenta
de Rodríguez Gacha, alias El Mejicano. Voceros del Pentágono
y del Congreso estadinenses involucraron a agentes de la DEA en
dicha operación, llevada a cabo en nuestra Costa Atlántica.
La Cancillería colombiana les restó trascendencia
a semejantes declaraciones que eran, o un infundio, o una infidencia,
materia delicada en ambas eventualidades. Las ofensas contra la
dignidad nacional ya no reciben ni el tratamiento reservado a
las infracciones de inspección de policía. Si en
el cuatrienio que concluye ha sido notoria esta tendencia, particularmente
durante el último tramo, cuando se desanuda casi siempre
el pleito de la sucesión presidencial, ¿qué
puede esperar el pueblo colombiano de César Gaviria, ungido
prácticamente desde el 11 de marzo, cuya buena estrella
se la debe a Barco y a quien viene acompañando, sin interregnos
ni deslealtades, aun antes del 7 de agosto de 1986?
El decreto con que se autoriza la consulta
sobre la citación de una "Asamblea Constitucional"
está redactado de tal modo que, en definitiva, se trata
de un cheque en blanco girado a favor del próximo mandatario.
Los partidos menores, e inclusive las fuerzas con raigambre electoral
pero que no gozan de las simpatías del estrecho círculo
dominante, al promover el referendo y la constituyente como los
métodos democráticos jamás descubiertos;
y creyendo, desde luego, que así cristalizan sus aspiraciones
políticas, acabarán engañándose a
sí mismos y de paso al pueblo. No en vano Rodrigo Lloreda
insistió sobre la conveniencia de definir antes que nada
tres aspectos consustanciales a la susodicha asamblea: la convocatoria,
la composición y el temario; valga decir, quién
la cita, quiénes la integran y sobre qué asuntos
versa. Como ninguno de estos puntos se ha tocado, ni discutido,
ni hay dónde hacerlo, ni con quién, pues el objetivo
prioritario consiste en arrumbar el Congreso y la Corte, se supone
que las decisiones fundamentales quedarán en manos del
Ejecutivo. Y únicamente a los monopolios extranjeros, que
se alampan por establecerse en tierras pródigas, pobladas
por gentes que trabajen mucho y cobren poco, les interesa entenderse
con una sola persona, o con un pequeño grupo de personas
que no deban rendirle cuentas a nadie.
Estos son los cambios planteados en
la actualidad al pueblo colombiano, con el sarcástico aliciente
de que conquistará con ellos el reino de la democracia
participativa. En razón a que habrá tantos derechos
restringidos o conculcados, es de esperarse que avance más
rápida y eficazmente el movimiento unitario por la salvación
nacional, propuesto por el MOIR y por otros destacamentos patrióticos
y democráticos.
Y puesto que las perspectivas del 27
de mayo no parecen más halagüeñas que las del
11 de marzo, y ante las dificultades surgidas del pasado debate,
que impidieron conformar un frente electoral con algunas posibilidades,
nos abstendremos de concurrir a las urnas el domingo entrante.
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
MOIR
Comité Ejecutivo Central
Francisco Mosquera
Secretario General
Bogotá, 23 Mayo de 1990
(*) Publicado en el periódico
El Tiempo el 25 de mayo de 1990.
