Declaración Política de la XXXVIII Asamblea Nacional de Delegados de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios -ACEB

La XXXVIII Asamblea Nacional de Delegados de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios – ACEB, reunida los días 30 y 31 de mayo y 1, 2 y 3 de junio, en la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que vive la nación y el pueblo colombiano, aprueba la siguiente Declaración Política y se compromete a difundirla y defenderla en todas las instancias públicas y privadas.

Desde 1990, cuando se echó a andar el Programa de Modernización e Internacionalización de la Economía, el país ha venido siendo llevado a una situación de ruina de la producción y desmejora permanente de las condiciones de vida de los colombianos. La desindustrialización y la quiebra de las labores agrícolas han sido la constante durante estos quince años, al punto que su participación en el Producto Interno Bruto ha disminuido notoriamente, en tanto que florecen las actividades especulativas y usureras, en el comercio y las finanzas.

Ello ha traído como consecuencia la pérdida de millones de puestos de trabajo, en la ciudad y el campo y la desmejora de las condiciones de trabajo de los escasos asalariados que aún mantienen un empleo estable y productivo.

A su vez esta situación se ha reflejado en la disminución de la demanda, la principal causa que, como lo reconocen los mismos empresarios, ha afectado el desempeño de las empresas. A tan gravosas circunstancias se añaden las sucesivas reformas laborales, a la educación y la seguridad social que han implicado el deterioro de los servicios de educación y salud, así como la exclusión de millones de colombianos de tan prioritarios servicios. Se cumple así el concepto expresado, hace doce años, por Francisco Mosquera, quien afirmó que sin desarrollo económico no puede haber desarrollo social y el despegue de la industria y el agro no puede darse con un pueblo excluido del mercado.

Los sucesivos gobiernos de la era neoliberal, sin excepción alguna, han sido directos responsables de esta crítica situación, debido a su total obsecuencia con los dictámenes emanados de Washington, y ejecutados en América Latina, a través de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Nunca como ahora ha sido tan evidente que nuestro país no cuenta con la plena autodeterminación de sus políticas y que las grandes definiciones sobre el futuro de los colombianos se emiten en la Casa Blanca, en beneficio del puñado de multinacionales que manejan la economía mundial a su antojo.

Empero, los acontecimientos que se vienen precipitando a nivel orbital, muestran que el todopoderoso imperio norteamericano es un coloso con pies de barro y que sus aspiraciones hegemónicas tropiezan con serias dificultades.

La economía del invasor de Irak y Afganistán exhibe el mayor déficit fiscal y comercial, lo que ha entrañado la devaluación del dólar, la moneda que ostenta desde Bretón Woods, la supremacía mundial. La imagen de Estados Unidos como portaestandarte de la democracia y la libertad se ha visto seriamente deteriorada, con los recientes sucesos del Medio Oriente y su agresiva actitud, que lo han llevado a levantar muros de la ignominia o a practicar la tortura, una habilidad propia de los regímenes fascistas. Su desprestigio ha llegado a tal punto que los pronunciamientos de los organismos de derechos humanos, de los que dice ser el primer defensor, lo condenan y, por primera vez, su candidato a la Secretaría General de la OEA recibe una estruendosa derrota.

Su arrogante actitud, en el fondo, es el reflejo de su gran debilidad, lo cual lo ha conducido a entrar en crecientes contradicciones con sus aliados y, a la vez, opositores del mundo desarrollado. Europa mira recelosa las aventuras gringas; Rusia y China se recuperan de sus tropiezos y no olvidan las viejas afrentas y sobre todo, las penurias de la economía mundial, hacen más feroz la soterrada guerra económica y comercial desatada, después del desplome del Muro de Berlín. De otro lado, el proletariado de los países industrializados comienza a despertar de su letargo, en la medida que se aclimatan en esos lares, las reformas neoliberales que, en la primera fase, fueron patrimonio exclusivo del Tercer Mundo. Y, por último, la agudización de la dominación extranjera en estas latitudes comienza a exacerbar de nuevo las batallas por la soberanía nacional.

En ese marco general, el gobierno de Uribe Vélez se esfuerza por cumplir los mandatos de la banca internacional, en desmedro de la nación y el pueblo que dice representar. Con tal fin, ha puesto en el centro del debate nacional la tesis de que son la violencia y el terrorismo la principal causa de los males que nos aquejan, estratagema con la cual pretende desviar la atención de la población hacia un problema que, no obstante sus funestas consecuencias, no es nuestro vital apremio. Las cifras no mienten y cualquier observador objetivo puede encontrar cómo son las políticas económicas y laborales, las responsables primordiales de las angustias que vivimos. Un ejemplo nada más sirve para ilustrar estas aseveración: Durante los últimos doce años el servicio de la deuda externa le ha significado al erario nacional la bicoca de $47 mil millones de dólares. Algo así como veinte Planes Colombia, con el agravante de que durante ese mismo periodo la deuda subió de $19 mil millones de dólares a $36 mil millones. Eso sin tener en cuenta el costo de la rebaja de los aranceles, la privatización o liquidación del patrimonio público, la entrega del mercado cambiario a las entidades privadas o las enormes ventajas otorgadas a los inversionistas extranjeros.

El puntillazo final a la antipatriótica labor de arruinar la nación, lo constituye la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos, lo cual implica uncir nuestra precaria economía con la poderosa maquinaria norteamericana. Las desproporciones son de tal magnitud que la apertura total de nuestra economía a los géneros y los capitales del Norte, no puede ser compensada por las irrisorias ventajas que, los aventajados discípulos de Bush, en Colombia, nos prometen. Así como advertimos acerca de los nefastos efectos de la apertura, en 1990, hoy alertamos, de nuevo, al país sobre la ruina total que acarreará la firma del leonino Tratado comercial.
Por supuesto que reconocemos el negativo papel que ha jugado el clima de violencia y terrorismo generalizados, en el desarrollo de las contradicciones económicas y sociales. Reiteradamente hemos condenado tales procederes y hemos abogado porque se erradiquen de la lucha política, en cuanto distorsionan e impiden el debate democrático acerca de las soluciones que requiere el país. En primera instancia es importante señalar que nunca hemos pensado que la anhelada y esquiva paz se alcance mediante una salida netamente militar. Por el contrario hemos criticado insistentemente que los problemas de la guerra se resuelvan con más guerra, cual lo pretende la actual administración. De manera que, sin abandonar los ajetreos militares, propios de un estado de guerra, se debe procurar una salida política, en la que se brinden garantías a las organizaciones que decidan retornar a los cauces de la restringida democracia que nos rige.
Sin embargo, durante más de veinte años el país ha ensayado el camino de la solución dialogada, sin que los resultados hayan sido positivos. Por el contrario, es en este tiempo que se ha agudizado el conflicto y se ha elevado a lo más altos niveles de degradación. El problema radica en que se liga la consecución de la paz a la mudanza del país, de manera que se supedita el acuerdo a que se pacten las profundas transformaciones, que no han podido alcanzarse mediante el triunfo militar. De esa forma la infinidad de materias previstas en las agendas que se plantean para la discusión, hacen que el itinerario propuesto, lejos de conducir a un pronto y cabal arreglo, se empantane a medida que transcurre. Ese expediente fue ensayado bajo el gobierno de Belisario Betancur y fue reeditado por Andrés Pastrana, con resultados harto cuestionables, en tanto la violencia y el terrorismo se han extendido como una mancha de aceite por toda la geografía nacional.

Con base en los desaciertos de la administración anterior, surgió como opción la propuesta de guerra total enunciada por el actual mandatario, con la cual logró el respaldo de un país cansado de diálogos infructuosos. Casi tres años después de formulada, los resultados son bastante discutibles, en cuanto los objetivos propuestos se ven lejanos y la guerrilla mantiene prácticamente intacta su capacidad perturbadora. A la par se desarrolla un discutido y arrevesado proceso de paz con las autodefensas, con características parecidas a las que se criticaban al anterior mandatario, cuando la hacia con la FARC, incluso con mayores prerrogativas que las otorgadas a esa agrupación.

Las organizaciones armadas, sean de izquierda o de derecha, deben renunciar irrevocablemente a la táctica de imponer sus criterios por la vía del amedrentamiento y el terror. Los métodos extorsivos, la intimidación, el secuestro y su financiación mediante el tráfico de estupefacientes deben ser erradicados, para dar paso a un clima de controversia civilizada, en el que los grandes problemas nacionales puedan ser discutidos democráticamente, sin temor al atentado personal o el chantaje. A su vez el estado debe brindar garantías para que esas fuerzas se reinserten a la ida democrática y participen en el debate nacional sin riesgos para su seguridad.

Por supuesto ello implica la liberación de todos los secuestrados, la excarcelación de los presos políticos y unas normas que permitan que los delitos de lesa humanidad y los genocidios por fuera del enfrentamiento armado, sean castigados de manera ejemplar. Todo ello sin perjuicio de que haya un tratamiento judicial especial que facilite la aclimatación de una controversia civilizada y el sometimiento a los cánones vigentes, sin privilegios odiosos que premien a quienes se pusieron por fuera de la ley.
Tan compleja realidad se hace más gravosa aún, ante las inconsecuencias de los más importantes sectores del movimiento sindical, quienes a contrapelo de todas las evidencias se empecinan en hacerle el juego al gobierno, sea por la vía de negarse a enfrentar decididamente la arremetida imperial o por el camino de conciliar con sus políticas, tal como lo hacen desde la CGT, avalando las nuevas formas de contratación que promueven empresarios y gobierno: las cooperativas de trabajo asociado o los contratos sindicales. También en la CUT se observan signos de que las viejas concepciones anarquistas o entreguistas no se han abandonado y se hacen cábalas acerca del nuevo sindicalismo propositivo y con mentalidad empresarial que patrocinan desde el Ministerio de la Desprotección Social.
En el plano político también aflora el oportunismo y, desde la Gran Coalición Democrática se desarrolla la defensa de la aciaga Constitución de 1991, en cuanto el desarrollo de los principios establecidos en la Carta Magna, han servido de soporte jurídico a la política económica implementada en este período. Mientras se asume la defensa del llamado “estado social de derecho”, el texto constitucional que se pretende escudar contempla “... la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas . . .” y consagra la integración económica, como un principio constitucional, de manera que lo actuado en esta materia, con gravísimas consecuencias económicas y sociales, está sustentado en la ley de Leyes.

También constituye una serie amenaza a la soberanía y la integridad nacional, el proyecto de regionalizar el país, otorgándoles a los entes regionales atribuciones del orden nacional, tales como contratar empréstitos, crear nuevos impuestos y establecer concesiones al capital extranjero para la explotación de recursos naturales o el artículo donde se le otorgan facultades al Ejecutivo, para “... vender o liquidar empresas monopolísticas del Estado”. Ni más ni menos que la privatización, elevada a norma constitucional.

Se consigna además, “... la sostenibilidad de la deuda pública”, con lo cual se garantiza a tan elevado nivel jurídico, el pago oportuno y cumplido de la onerosa deuda. En materia social se establece, por ejemplo, la prestación de servicios de salud y seguridad social, por parte de las empresas privadas.
Similar circunstancia se presenta en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, a los cuales también se permitió, en virtud de la Constitución, el ingreso de las empresas particulares. De remate se bendice la autonomía del Banco Emisor, con respecto a las diferentes instancias de gobierno, lo cual ha significado que el manejo monetario y cambiario quede en manos de un grupo de tecnócratas que obedecen a los dictámenes de los organismos internacionales, manejados por las grandes potencias, con Estados Unidos a la cabeza.

Con base en estos criterios adelantaremos nuestra actividad gremial y participaremos del debate político que se debe adelantar en procura de la soberanía, el bienestar y el progreso del pueblo colombiano.

Medellín, Junio 2 de 2005

Asociación Colombiana de Empleados Bancarios -ACEB