A las puertas de un nuevo año

Con un Gobierno Despótico y Vendepatria Florece el Oportunismo

La opinión pública internacional ha centrado su mirada en los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, como un hecho definitivo para el futuro rumbo del planeta, sin prestar atención a que los dos candidatos -Bush y Kerry- representaban de igual manera los intereses de los grandes monopolios norteamericanos. De hecho, la campaña electoral se caracterizó porque el candidato demócrata se esforzó por mostrar que no era una “paloma”, en asuntos internacionales, en tanto que el republicano hizo todo lo posible por quitarse el apelativo de “halcón” y aparecer como preocupado por los problemas económicos y sociales de su país. Lo que se iba a determinar si ganaba el primero o el segundo, era si el aislamiento y desprestigio de los Estados Unidos se frenaba y retrasaba o se aceleraba y profundizaba. El pronosticado triunfo de Bush asegura, sin pausa ni demagogia, la continuidad de la arrogante y prepotente actitud norteamericana, en procura de la inalcanzable hegemonía.

En ese contexto se refuerza una importante característica de esta época en la que, por primera vez desde la instauración del Siglo Americano, la tierra del Tio Sam no es vista como la morada por excelencia de la democracia y la libertad, y sus aventuras imperiales son calificadas como lo que son: actos de piratería colonialista. De hecho, ya no son los rivales de los Estados Unidos, sino sus más dilectos aliados, quienes, con el beneplácito de Washington, construyen muros de la ignominia en la patria de Yasser Arafat, el recién fallecido líder del pueblo palestino, quien aleccionó a la humanidad acerca de cómo se defienden consecuentemente los intereses de una nación. Así mismo son los supuestos adalides de los derechos, quienes administran modernos campos de concentración en Cuba e Irak, donde se practica la tortura al mejor estilo nazi.

A la par que se deteriora la imagen de la única superpotencia que puede aspirar a la supremacía total, avanza el proceso de consolidación de la Unión Europea, con Francia, Alemania y ahora España, a la cabeza, mediante la firma por parte de 25 países de la Constitución comunitaria, donde se consagra una política exterior y de seguridad común que los estados signatarios se comprometen a apoyar sin reservas. También se presenta como un factor determinante de la situación mundial el surgimiento de China como una potencia económica de primer orden, formalizándose su paso del Tercer Mundo, donde le correspondía estar, cuando era auténticamente socialista, bajo la batuta de Mao Tse Tung, al Segundo Mundo, el de las naciones capitalistas desarrolladas, que pugnan por sobresalir en el ajedrez planetario, pero se tropiezan con los ambiciosos intereses de la Casa Blanca. Al mismo tiempo ha cambiado de ubicación Rusia, cabeza de la otrora superpotencia soviética, en la cual se vislumbran signos de recuperación de su papel protagónico, ahora también como parte del bloque de países capitalistas de segundo orden.

En ese marco, de manera todavía discreta y sutil, se desenvuelven las crecientes contradicciones entre los integrantes del mundo desarrollado, en tanto que sus trabajadores y los pueblos de los países atrasados comienzan a salir del letargo. Hacia el futuro, el derrotero de los acontecimientos estará marcado por la intensificación de las contradicciones inter imperialistas, la conformación de un bloque de países desarrollados que se decidan a enfrentar las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos, el despertar del proletariado de esas naciones y la intensificación de la batalla contra la dominación extranjera en los países sojuzgados. En esas condiciones se pone al orden del día la propuesta de crear un Frente Único Antiimperialista, al cual confluyan todas estas vertientes que, desde su particular punto de vista y con sus propios intereses estén dispuestas a participar en esta histórica confrontación.

DE LA MANO DE URIBE, COLOMBIA AVANZA HACIA EL DESPEÑADERO

A mitad de camino del mandato uribista, el pueblo colombiano no encuentra razón o circunstancia que lo inviten al optimismo. No obstante los anuncios oficiales acerca de una supuesta reactivación económica ni las amañadas cifras del DANE, sirven para ocultar una realidad que agobia a la inmensa mayoría de la población. La pobreza, una de las endemias que el neoliberalismo pretendía erradicar, agobia a más del 60% de los colombianos; el desempleo se extiende, pese a los esfuerzos para ocultarlo mediante el ardid de clasificar a una parte de los desocupados –más de trece millones- como población económicamente inactiva; los escasos empleos que aún se mantienen se tornan en temporales o se brindan en oprobiosas condiciones laborales; la informalidad se convierte en la única salida para millones de compatriotas al borde de la inanición y, el gasto social baja del 16.7% del PIB, en 1996, al 12.9 en 2003.

En materia de salud, según la Contraloría General de la República, antes de la Ley 100, el ministerio del ramo, reportaba que al 40% de la población la cubría su propia red hospitalaria, el 18% la seguridad social, el 17% la medicina privada y, sólo el 25% de la población estaba desprotegida. En 2003, diez años después de la reforma, teóricamente el 62% de la población se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y, de ser así, el restante 38% se encuentra desamparado. El porcentaje de personas que se sintieron enfermas y fueron atendidas por una institución o profesional decreció de 77.2%, en 1997, a 67.9%, en 2003, entre tanto aumentó el porcentaje de utilización de la auto-receta (7.5% a 12%), remedios caseros (4.9% a 9.5%) y medicación por boticario, según la conciencia estadística de la nación, el DANE. En cuanto a la educación, en 2001, de los 13,5 millones de personas en edad escolar, sólo había 9.6 millones matriculados, en preescolar, básico y medio, 291.000 menos que en 2000 y el gasto de los hogares en educación se había duplicado. Respecto a la calidad, en las pruebas del ICFES, el 65% de los puntajes se ubica en los niveles medio y bajo, mientras solamente el 5.6% se encuentra en los niveles superior o muy superior y en una prueba internacional , el promedio de 456 países fue de 513 puntos y el parámetro superior lo alcanzó Singapur con 643, mientras Colombia sólo llegó a 385 puntos.

Todo ello es el producto de que Colombia cada día produce menos y se endeuda más. Entre 1997 y 2003 la producción nacional se redujo de 106.761 millones de dólares a 79.448 millones y la balanza comercial entre 1993 y 2003 arrojó un saldo negativo de casi diez mil millones de dólares. El agro, la industria y la minería que aportaban el 43,6% del PIB, en 1992, ahora solo aportan el 31,1%. El área cultivada se redujo de 4’358.543 hectáreas, en 1992 a 3’858.203 hectáreas, en 2002, mientras las importaciones agrícolas crecieron de 2’174 mil toneladas, en 1992 a 6’086 mil toneladas, en 2002. Es así como solamente se cultiva el 3% del área y se dedican grandes extensiones a la ganadería extensiva, sin que en esta actividad tampoco se registren progresos. Al contrario, si se compara el número de cabezas de ganado que se sacrificaban en 1982, hace más de veinte años, con el del 2002, se encuentra que no ha habido evolución y seguimos sacrificando un poco más de 3 millones de reses al año, por lo que, dado el crecimiento de la población, el consumo de carne debe haber descendido de manera significativa. De hecho, según las cifras oficiales, el hato ganadero se estancó en 25 millones de cabezas, dispersas en 35 millones de hectáreas dedicadas a esa poco productiva actividad.

En cambio, en 1995 el estado debía 28 billones de pesos corrientes, entre ese año y 2003 hemos cancelado por concepto de intereses y amortizaciones más de $120 billones y, a la fecha, adeudamos $158 billones. La deuda pública como porcentaje del PIB pasó de 16.5%, en 1990 al 52,3% en diciembre de 2003, lo que hace que el rubro que más crece en el presupuesto de gastos es el servicio de la deuda, pasando de 13,1% en 1991 a 47,5% en 2003 . El año pasado mientras se amortizaron US$7.000 millones, solo nos desembolsaron US$4.200, o sea que se presentó un flujo negativo de US$2.800 millones. El asunto es más grave aún ya que el 72% de los recursos de crédito se destina al financiamiento del Estado, principalmente al servicio de la deuda, en tanto que las actividades productivas –minería, agro e industria- que en 1990 percibían el 29% de los recursos externos, ahora sólo reciben el 3%.

DESASTRE ECONOMICO LATINOAMERICANO

Tan negativas circunstancias se reproducen a nivel latinoamericano. Entre 1985 y 2000 la participación de las exportaciones de la Comunidad Andina en el mercado mundial bajó de 1,3% a 0,9%. En el marco del Tratado de Libre Comercio, México triplicó sus exportaciones, pero el PIB sólo creció un 1% en promedio anual. Como efecto de las privatizaciones, entre 1991 y 2001 las empresas multinacionales subieron su participación en las ventas de 27,4% al 46,7%, en perjuicio de las empresas estatales que bajaron de 32,2% a 18,2% y de las nacionales de capital privado, que decrecieron del 39,4% al 35,1% . De ahí que entre 1990 y 2001 los inversionistas extranjeros pasaran de controlar el 10% del sector financiero, al 50% y la deuda externa latinoamericana creciera de US$570.823 millones, en 1994, a US$726.988 millones en 2001, pasando de representar el 37% del PIB, en 1997, al 51% en 2002. La pobreza subió en América Latina del 38%, en 1994, a casi el 50% en 2003 y la tasa de desempleo de la región creció del 10% en 1997 al 15% en 2002.

Estos resultados son el producto de la implantación de los postulados del Consenso de Washington, los cuales no han tenido cambios significativos con la asunción al poder de varios mandatarios que militaron en la izquierda en tiempos pretéritos y ahora, arrepentidos de su pasado, gobiernan en Brasil o ganaron las recientes elecciones en Uruguay. De similar corte son los gobiernos de “centro izquierda” de Chile y Argentina que, en medio de un discurso seudo izquierdista negocian y aplican las recetas del Fondo Monetario, o sea aquellos que hacen la campaña con promesas de desarrollo y gobiernan con políticas de ajuste.

EL TLC, PUNTILLAZO FINAL AL PROCESO DE RECOLONIZACION

Haciendo caso omiso de los funestos resultados de la política aperturista Uribe Vélez se apresta a firmar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo cual ahondará la crisis de nuestra economía. Por si cabe alguna duda acerca de las reales intenciones del gobierno estadounidense, es importante recordar estas palabras de George Bush: “Mi gobierno está promoviendo el comercio libre y equitativo, para abrir mercados nuevos para los empresarios, fabricantes y agricultores de los Estados Unidos y crear puestos para los trabajadores de los Estados Unidos”. Un acuerdo comercial con Estados Unidos no puede ser equilibrado y de beneficio mutuo, en cuanto ese país concentra más del 80% de la producción de bienes y servicios del continente americano. El PIB de Estados Unidos creció en US$127.100 millones de dólares entre 1998 y 2003, pasando de 9´872.800 millones de dólares a 10´900.000 millones, mientras el PIB de los tres países andinos que negocian actualmente un TLC -Colombia, Ecuador y Perú- disminuyeron su producción de 175.300 millones de dólares a 162.760 millones, en el mismo período.

Para ambientar la idea de que el libre comercio es la solución a los problemas del subdesarrollo, se nos dice que no es la protección de nuestro propio mercado, sino la vocación exportadora la clave del progreso y el bienestar de los pueblos. Sin embargo, los hechos, única fuente de la verdad, muestran todo lo contrario, puesto que mientras Estados Unidos dedica solamente el 10% de su producción al mercado externo y Japón lo hace en un 11%, países tan atrasados como Angola, Guinea y Gambia, destinan la mayoría de su exigua producción a la exportación, 93%, 97% y 59% respectivamente.

La negociación que se desarrolla a espaldas de la realidad nacional incluye otros novedosos aspectos que entrañan el reforzamiento de los lazos de dominación. La propiedad intelectual es uno de los puntos que más enfatizan los negociadores gringos, interesados en que el reconocimiento de las patentes y su amañada utilización sean una nueva fuente de exacción. En materia agraria mientras se exige la derogación de la débil regulación de precios, se mantienen los subsidios agrícolas a la poderosa agricultura norteamericana. Además se pretende abrir las compras del Estado, un mercado que todavía es casi exclusivo para los proveedores nacionales, a las empresas extranjeras.

LA REFORMA TRIBUTARIA

Para enjugar el crónico déficit fiscal y dar cumplimiento a los dictámenes de Washington, el ministro Carrasquilla, una versión juvenil y fresca de Rudolf Hommes, presentó un proyecto de ley cínicamente denominado para el “financiamiento social”. En ese esperpento se aduce que los pensionados son los responsables de las penurias de las finanzas públicas y de que no se atiendan debidamente los demás aspectos sociales. Desde la Ley 49 de 1990, hasta la 863 de 2003, el recaudo tributario ha pasado del 8,4% del PIB al 14,7%, es decir que se ha sustraído de la producción un 6,3% adicional del PIB. Eso convierte a Colombia, en el concierto latinoamericano en la segunda mayor cobradora de impuestos, como % del PIB, después de Chile y, en materia de impuesto a la renta sólo nos supera Brasil . En 2003 el total de los impuestos indirectos (IVA, aranceles, 4 x 1000 y timbres) representaron el 63,2% del recaudo, frente al 42,7% de los impuestos directos (renta y patrimonio).

Para el presupuesto de 2004, los recursos provenientes de impuestos sólo financiaron el 46% de los gastos de la Nación, cuando en 1995 representaban el 61,4%. La Reforma que se tramita en el complaciente Congreso, no ataca las verdaderas causas del déficit fiscal, atribuible a: la rebaja de los aranceles, la entrega del mercado de cambio de divisas a la banca privada, la privatización o liquidación de empresas estatales rentables como Telecom, Ecopetrol, Carbocol o Cerromatoso, la quiebra de las empresas nacionales que repercute en menores recaudos por impuesto de renta y, por lo tanto, en una disminución del ingreso nacional, las ventajas otorgadas al capital extranjero también han erosionado las finanzas públicas, y por encima de todo el desangre que constituye el oneroso pago de la deuda pública.

Si partimos de reconocer que la riqueza que se genera en la sociedad colombiana proviene del trabajo y no del capital, tenemos que concluir que todos los impuestos, dividendos, rentas y utilidades son producto de la actividad desarrollada por los trabajadores. Por lo tanto, los impuestos que pagan los dueños del capital son simplemente una parte de la riqueza generada por los trabajadores, en la labor productiva, apropiada por quienes se han adueñado de los medios de producción. El mayor cobro de impuestos, en general afecta a todo el aparato productivo, porque son recursos que se sustraen del circuito económico y se transfieren a las arcas públicas donde no juegan un papel productivo, en ese sentido el mayor recaudo de todas maneras genera recesión, en cuanto afecta la demanda de bienes y servicios. De hecho, en últimas, los empresarios trasladan los gravámenes a su estructura de costos y, por ende, a los precios de los bienes y servicios que obligatoriamente consume la inmensa mayoría.

La estructura tributaria del país es regresiva porque se sustenta principalmente en los impuestos indirectos. Ya desde la Ley 75 de 1986 se favoreció a los grandes monopolios al homogenizarse el impuesto de renta en una tarifa del 30% -hoy 35%- para las sociedades anónimas, que se gravaban con el 40% y las limitadas, que tributaban el 20%. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, un asalariado que recibe al año $36 millones, tributa aproximadamente $6’340.000, en tanto que un accionista que recibe similar ingreso por concepto de dividendos, no tributa un solo peso al erario, de ahí que los asalariados aporten $2,4 por cada cien pesos de su patrimonio, mientras los que reciben utilidades del capital contribuyen con sólo $0,6 por cada cien pesos de sus activos declarados. Además, por las exenciones existentes sólo presentan declaración de impuesto sobre la renta el 4% de los contribuyentes, es decir 515.407 personas .

Desde la reforma de 1986 se viene acentuando una tendencia a deteriorar la estructura tributaria, mediante la reducción de las tarifas del impuesto a la renta, el desmonte del impuesto a las ganancias ocasionales, la abolición de la doble tributación en cabeza de los accionistas, los ajustes por inflación y el desmonte de la renta presuntiva. Los privilegios tributarios concedidos a empresas y personas de altos ingresos representan para el erario sumas cuantiosas que el gobierno reconoce que son superiores a diez billones de pesos. Según un estudio hecho en otros tiempos, por el actual Director de la DIAN, las exenciones significan que la tasa nominal de impuesto a la renta -el 35% - en realidad se reduzca a 20% para las sociedades y al 9,2% para las personas naturales. Por eso, en 2003, los grandes contribuyentes aportaron el 10,96% del total recaudado, en tanto que entre la retención en la fuente y el IVA se recaudó 68,3%. En fin, el 86% de los beneficios tributarios favorecen las rentas de capital, mientras las rentas de trabajo sólo se benefician en un 14%.

De remate, ante la quiebra indiscriminada y sistemática de las empresas nacionales se acentúan la evasión, la elusión y la cartera morosa de la DIAN, que ya representa más del 2% del PIB. La carga tributaria ocupa el primer lugar en la estructura de costos de la producción y ya representa más del 28% de las obligaciones de los empresarios . Otro tanto sucede con la evasión del IVA, del orden del 21%, cuyo recaudo corresponde principalmente a las grandes cadenas comercializadoras. Un buen ejemplo de cómo opera nuestro sistema tributario se encuentra en el sector financiero, el cual reportó en septiembre de 2001 utilidades antes de impuestos por $627 mil millones, de los cuales dedujo $149 mil millones por ajustes por inflación y canceló $320 mil millones en impuestos, quedando un saldo de utilidad final de $158 mil millones. En el mismo mes de 2003 reportaron a Asobancaria $2 billones ciento sesenta y seis mil millones, de los cuales dedujeron 312 mil millones de ajustes por inflación y pagaron impuestos por $472 mil millones, quedándoles una utilidad de $1 billón 382 mil millones. Como se puede observar mientras las utilidades se multiplicaron por 8.75 veces, los impuestos cancelados solo se multiplicaron por 1,48.

LAS REFORMAS ANTISOCIALES

Como parte de sus compromisos con el FMI, Uribe ha presentado al Congreso, nuevas reformas a los esquemas vigentes en salud y pensiones. En el caso de la salud la urgencia de esta reforma tiene que ver con el evidente fracaso de la Ley 100 de 1993. El balance muestra que se disminuyó la cobertura, se desmejoró la calidad y oportunidad del servicio, no obstante que se incrementaron enormemente los recursos, se deterioro la relación costo-beneficio, se desmejoraron las condiciones de trabajo de los asalariados de la salud y, fracasó el sistema de administración basado en la intermediación privada. Ante tan desastroso panorama, cuyo telón de fondo es la crisis de la red hospitalaria pública, los dueños del poder proponen profundizar el modelo privatizador y liquidar la exánime infraestructura de salud, de la cual ya no hacen parte los hospitales de Caldas, Cartagena y el San Juan de Dios de Bogotá, que ni siquiera con alcalde “izquierdista” ha tenido salvación. También se encuentran en trance de muerte el Ramón González Valencia de Bucaramanga, el San Jorge de Pereira, el San José de Popayán y el Erasmo Meoz de Cúcuta, entre muchos otros. El problema radica en que las entidades privadas no pagan cumplidamente a las entidades prestadoras de servicios y el Estado se ha negado sistemáticamente a cumplir sus compromisos sociales. En tanto languidece la red pública se enriquecen los negociantes de la salud, convertida en mercancía. El mejor ejemplo de ello es Saludcoop, una entidad extrañamente favorecida desde las más elevadas cumbres del poder, que se creó hace diez años con $25 mil millones de pesos de activos y hoy ostenta un patrimonio de más de $300 mil millones, construye su propia red de instituciones prestadoras de servicios e invierte en otros campos y países.

En cuanto a las pensiones se trata de desmontar los regímenes especiales y convencionales, la mesada catorce y, en últimas, darle cristiana sepultura al régimen de prima media que administra el ISS, para establecer el monopolio de los Fondos Privados que, como se ha comprobado reiteradamente, no otorgan pensiones ni anticipadas ni superiores a las del Seguro Social. Para sustentar tal despropósito se arguye que las reservas del ISS se agotaron y por lo tanto el sistema no es “sostenible”, sin tener en cuenta que esta institución soporta toda la carga pensional, pero le han sustraído las cotizaciones de los afiliados al régimen privado, del orden de 22 billones de pesos y, que el gobierno ostenta una deuda histórica que supera los 60 billones de pesos. Contra la sanidad financiera del sistema de pensiones también conspiran la inestabilidad en el empleo generada por las reformas laborales, la deslaboralización de las relaciones de trabajo, la informalidad, la temporalidad y el desempleo, al punto que más de la mitad de los afiliados no contribuye hace más de seis meses, por lo que se les clasifica como inactivos.

El gobierno le miente al país entero cuando afirma que los regímenes especiales afectan el presupuesto nacional, porque es sabido que en el caso del magisterio y ECOPETROL, dichos regímenes han sido financiados con recursos propios. A su vez, constituye una maniobra de terrorismo financiero comparar el gasto pensional de los próximos 50 años con el PIB de tan solo doce meses, como si durante ese período no se generaran nuevas reservas, como producto de las cotizaciones y los rendimientos financieros o la economía dejara de producir. Tampoco corresponde a la verdad que los desequilibrios en la estabilidad de varias empresas correspondan a los regímenes pactados en convenciones colectivas, cuando desde hace varios lustros no se presentan convenios que registren nuevas obligaciones pensionales, por lo que resulta también falso que en la normatividad internacional consagrada por la OIT, el régimen de pensiones esté excluido del ámbito de la negociación colectiva.

La reforma universitaria, también hace parte de las propuestas desarrolladas por los agentes del neoliberalismo. Después de abundar sobre las desastrosas cifras de cobertura y calidad de la educación superior y el gran peso que ha adquirido la universidad privada en detrimento de la pública, en los últimos años, así como el casi nulo interés que existe en nuestro país hacia la investigación científica, llegan a la conclusión de que la solución estriba en recortar el período lectivo de los pregrados y darles énfasis a los posgrados. Se trata en verdad de desmejorar la calidad de la educación superior, estableciendo un sistema en el cual el estudiante durante dos años se dedica a adquirir conocimientos del área escogida y algunas competencias generales que debieron ser adquiridas en la secundaria y sólo en los dos últimos años se forma en conocimientos específicos de una carrera determinada. A tan absurdo esquema se suma que los profesores de dedicación exclusiva, los que mayor capacidad y disposición académica poseen se dedicarían únicamente al nivel de posgrado, dejando los programas de pregrado, en manos de profesores de cátedra por hora, un sistema que es culpable de la baja calidad de las llamadas universidades de garaje.

Con esta perversa propuesta, se elitiza aún más el acceso al conocimiento, dejando para la fase de posgrado lo más avanzado de la ciencia, un nivel al cual no accederá la inmensa mayoría, pues sus costos se equipararán a los de la universidad privada. Ello se plantea en el propósito de hacer rentable y costeable la universidad pública, en el marco del desmonte de las responsabilidades del Estado con la población más necesitada. A estos criterios se suma el de la llamada pertinencia, según el cual la educación que se debe impartir debe ser adecuada a la mano de obra que se necesita, lo cual quiere decir que como la industria, la agricultura y los demás renglones productivos se extinguirán bajo el manto del libre comercio, sólo requeriremos tecnólogos que sirvan a las maquilas y las ensambladoras que serán los únicos establecimientos que sobrevivirán a la ofensiva recolonizadora.

Por si fuera poco, a los profesores universitarios se les impondrá “un mecanismo flexible para reasignar plazas y contratar docentes” , aumentarles el período de prueba de uno a cinco años y condicionar su estabilidad a la productividad y a que sean solamente “un buen docente”. De manera que al recorte de los períodos lectivos se suma la desmejora de la calidad de la planta profesoral, lo cual redundará en la conversión de la Universidad en un simple Instituto Tecnológico para proveer mano de obra profesional a bajo costo para las multinacionales que arrasarán con la raquítica producción nacional, en ancas del Tratado de Libre Comercio. De esa forma la situación que se presenta en la edad entre 18 y 25 años, donde solo se registra asistencia escolar del 12.6% en los jóvenes pobres, en tanto entre los ricos, alcanza el 53.2%, se verá agravada.

EL PAIS SE DESMORONA Y LA “IZQUIERDA” OSCILA ENTRE EL OPORTUNISMO Y LA ENTREGA

Para colmo de males, cuando más se requiere de una fuerza revolucionaria que enfrente decididamente la arremetida y oriente al pueblo, en medio de la confusión, las diversas organizaciones que se proclaman como tales se acogen, con muy contadas excepciones, a los postulados del revisionismo y al más craso oportunismo. Después de haber jugado un preponderante papel en la lucha contra el referendo, la Gran Coalición Democrática se consolidó como una amplia confluencia de fuerzas sociales y corrientes políticas. El 28 y 29 de abril realizó un nutrido Encuentro Nacional que, con criterio amplio y deliberativo, sacó acertadas conclusiones y elaboró un plan de acción que, en general, recogía criterios patrióticos y democráticos. La declaración política de dicho evento plantea que “Luego de sufrir por catorce años los arrasadores efectos de la apertura económica, nuestro país se encuentra amenazado por la intensificación y ampliación de esa nociva política mediante el Tratado Bilateral de Comercio, TLC, que el presidente Uribe se apresta a firmar con el máximo gobernante de Estados Unidos, y el Área de Libre Comercio de las Américas que el imperio quiere imponerle al resto de naciones del continente”. En cuanto a las novísimas relaciones laborales instauradas por Uribe señalaba que se trata de una “…legislación laboral flexible para que tengan mano de obra de bajo precio, envileciendo salarios, eliminando prestaciones, negando atención en salud, recortando pensiones, y arrasando sindicatos, sea con represión laboral y física o con sobornos del tipo de los ya tristemente célebres “contratos sindicales” o con la proliferación de las llamadas cooperativas de trabajo asociado”.

Respecto al recorte de derechos democráticos y libertades públicas se aseveraba que “estamos entrando en una fase de dictadura civil, que basa toda su legitimidad en el manejo de los medios, el sometimiento del Parlamento y la represión a la posibilidad de expresiones alternativas populares. El derecho a hablar, disentir, reclamar y exigir justicia, estará cada día más coartado”. En el tema de la violencia y el terrorismo aclaraba que “En el marco de la ofensiva imperialista, en pos de la hegemonía, justificada tras el sofisma de combatir el terrorismo, afirma el gobierno que ¨...la violencia ejercida por organizaciones criminales de diversa índole es el principal desafío que afronta Colombia... ¨De esta manera pretende distraer la atención de los colombianos hacia un asunto que, no obstante su gravedad, no es la principal causa de las dificultades que vive el pueblo y justificar, así, su política de “seguridad democrática”. Respecto a la táctica de la lucha popular se dijo que “Los convocantes al Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas, impulsamos y respaldamos las luchas de las masas por sus reivindicaciones económicas, sus derechos fundamentales y las conquistas democráticas, en el marco de un proceso de acumulación de fuerzas. Entendemos que la emancipación nacional es obra de los trabajadores y el conjunto de las clases sojuzgadas y no de acciones aisladas”. Abogando por una solución política del enfrentamiento armado anotaba que ésta ”…debe darse mediante las negociaciones entre la insurgencia y el gobierno, con base en el reconocimiento mutuo, los compromisos bilaterales y los acuerdos justos con garantías reales. En cuanto a la amnistía debe ser fruto de una negociación entre el gobierno y las agrupaciones que, en su contra, se han alzado en armas”.

Y, al referirse al candente asunto de la paz, planteó que “De otro lado, la consolidación de la paz no puede estar supeditada a transformaciones de avanzada ni a la solución de los inefables males que aquejan la nación…La paz no significa la ausencia de conflictos, sino la posibilidad de que la lucha se adelante sin el uso de del asesinato, el atentado personal y los actos terroristas, en todas sus manifestaciones, como formas para resolver contradicciones ideológicas o políticas. Igualmente rechazamos el secuestro, la extorsión, el boleteo, las masacres y el genocidio, así como la utilización que hace el gobierno de tales acontecimientos para estigmatizar la lucha democrática y popular” .

Pocos días después, por iniciativa del Polo Democrático, se convocó la llamada Cumbre Social y Política, una apresurada reunión a la cual concurrieron la casi totalidad de los sectores que integran la Gran Coalición Democrática, y los anteriormente ausentes Partido Liberal oficial, la CGTD y el Polo Democrático en pleno. En las discusiones previas a dicha convocatoria quedó claro que iban a ser otros los criterios que guiarían la nueva confluencia y en la agenda aparecieron conceptos desechados en la amplia discusión que antecedió el encuentro de abril. La “defensa y fortalecimiento del estado social de derecho” y la invocación a que “se concrete el acuerdo humanitario”, fueron incluidas entre los cinco ejes de trabajo acordados, en tanto que desapareció, por arte de magia, la condena al terrorismo y las demás formas de lucha ajenas al quehacer obrero y popular. En fin, prevalecieron los axiomas del revisionismo criollo, maestro en el arte de colocar los procesos de unidad, al servicio de sus particulares intereses, labor en la cual fue efectivamente respaldado por el presidente de la Central Unitaria. Por su cuenta el Partido del Trabajo de Colombia, PTC y el MOIR, optaron por hacer tan gravosas concesiones, en aras de la unidad, en el más puro estilo mamerto.

De un tiempo para acá, en la medida en que arrecia el vendaval neoliberal, se ha puesto de moda invocar la defensa de la fatídica Constitución de 1991, en la cual fue acuñada la celebre fórmula del “estado social de derecho”, como parte de las concesiones formales hechas a los “izquierdistas” que se prestaron al juego de construir un “nuevo país”, por la vía de destruir el andamiaje legal existente y así brindar soporte jurídico a la implantación del Consenso de Washington. Olvidan los defensores de oficio de tal adefesio que el carácter del Estado está determinado por la clase o clases sociales que detentan su manejo y controlan su aparato y que la inclusión en el texto constitucional de un catalogo interminable de derechos, se convierte en una cínica burla a la población, cuando en la práctica se niegan todos ellos de manera sistemática. Entre tanto, la Carta Magna sirve de puntal a la implementación de la política aperturista, tanto que sus más caracterizados epígonos utilizan y defienden la misma receta, en cuanto su naturaleza etérea permite que tirios y troyanos se proclamen defensores de la misma caracterización constitucional del estado oligárquico y proimperialista.

En lo referente al denominado acuerdo humanitario, el asunto no es de poca monta, puesto que entraña la posibilidad de que la población civil, secuestrada con fines extorsivos, sea objeto de canje con los insurgentes que, poniendo en práctica tan vil procedimiento, han caído en manos de los organismos de seguridad del Estado y son procesados o purgan una condena. Otra cosa sería, en gracia de discusión, que los llamados actores de la guerra se pusieran de acuerdo para intercambiar policías y soldados por guerrilleros, lo cual involucra solamente a quienes con las armas en la mano libran una contienda, justa o no. Los ciudadanos inermes que se encuentran, en su inmensa mayoría, al margen del conflicto no pueden ser sometidos a tales vejámenes ni ser motivo de negociación, en medio de un problema, en el cual no tienen ni arte ni parte.

A renglón seguido la Gran Coalición hizo suyas las conclusiones de la reunión del antiguo Hotel Hilton. De esa manera, una concurrencia que se mostraba favorable a la constitución de un Frente de Oposición, patriótico y democrático, terminó convirtiéndose en una nueva versión de los frentes liberales y sin principios claros que han aparecido y desaparecido, a lo largo de la enrevesada historia nacional, sin dejar huella, aportar a la lucha por la liberación nacional ni trascender en el tiempo.

LA REELECCION Y LOS APUROS DEL MOVIMIENTO SINDICAL

Como consecuencia de esas desviaciones, la mayoría de los integrantes de la Coalición optaron por convertir la lucha contra la reelección de Uribe, en su principal y casi única bandera, alrededor de la cual ponen a gravitar la lucha política. Por supuesto que toda fuerza que defienda los intereses nacionales y populares debe oponerse a las ambiciones reeleccionistas del actual mandatario, pero de ahí a convertirlo en el eje de la convergencia opositora, media un abismo. Entre otras cosas porque ello puede conducir a respaldar opciones contrarias al pueblo, que aprovechan esa circunstancia para acceder al poder y continuar desarrollando las políticas neoliberales. Más importante que enarbolar las banderas en contra de una persona, así sea tan funesta como Uribe Vélez, es dotar al pueblo colombiano de un Frente que defina claramente su posición anti imperialista, se dote de un programa nacional y patriótico e inscriba en sus enseñas la condena al terrorismo, en sus diversas manifestaciones.

Entre tanto en las huestes obreras continúa reinando el oportunismo. En la CUT siguen sin definirse un claro rechazo a las nuevas formas de contratación, sin vínculo laboral, se sigue dando prelación a la concertación y no se deciden a deslindar campos con los métodos terroristas. En cambio, se persiste en convocar paros y jornadas sin una verdadera preparación, que no alcanzan la contundencia que requiere la ferocidad de la ofensiva imperial. Vale la pena reiterarle a la dirección sindical que el ejemplo a seguir nos lo dieron los camioneros, con un paro de verdad que obligó al arrogante gobierno a sentarse y negociar. No obstante las nutridas movilizaciones realizadas en la jornada de solidaridad internacional, del 16 de septiembre y el “paro” del 12 de octubre, todavía se insiste en magnificar esas acciones que, en todo caso, han mostrado un mejor estado de ánimo de la población y un mayor rechazo a la política oficial.

Contra tal actitud conspiran actitudes como las de la dirección de FECODE, la cual pese a que las reformas en trámite afectan directamente las conquistas antaño alcanzadas, desmontaron la anunciada batalla y la limitaron a un paro con plazo fijo, que no alcanza a conmover los cimientos de la muralla neoliberal. Similares circunstancias se presentan en la Unión Sindical Obrera, USO, donde aceptaron la inclusión del contrapliego en el proceso de negociación, no movieron un dedo ante el anuncio de la desmembración de la empresa y terminaron perdiendo en el tribunal de arbitramento, la mayoría de las conquistas convencionales. Para guardar las apariencias y quedar bien con las traicionadas bases, programaron una tardía “huelga patriótica”, cuando ya todo estaba consumado, cuyo único resultado fue el despido y posterior jubilación de la crema y nata de la dirigencia sindical.

En las toldas de la CGT, se celebró un fastuoso congreso en Cartagena, que contó con la asistencia de connotados voceros del gobierno nacional, en el que fue recibido con sonoros aplausos y exaltado al Comité Ejecutivo, Luis Ernesto Medina, presidente de Fetraboc, reconocido en el medio sindical por sus maniobras claramente patronales. Ya en la reunión de los delegados sindicales internacionales con el presidente Uribe, había salido a flote la actitud oportunista del máximo dirigente de esa central, quien allí expresó claramente su respaldo a varias de las políticas gubernamentales y luego salió a la plaza pública a vociferar contra el régimen. Es vox populi que entre sindicatos afiliados a la CGT y organismos públicos o empresas privadas se han puesto de moda los contratos sindicales y se hacen acuerdos para darle viabilidad a las cooperativas de trabajo asociado, tal como sucede en el Valle del Cauca o el sector hotelero. Esas tendencias ya se habían expresado al instalarse el actual gobierno, cuando se manifestó la voluntad de “…apoyar y acompañar todas aquellas iniciativas que vayan en beneficio del pueblo…” Se configura así, una situación que había sido erradicada del mundo sindical colombiano, desde hace varios lustros: la existencia de una central obrera gobiernista y patronal.

Desde las épocas de la liquidación de la Caja Agraria se puso de moda destruir las organizaciones sindicales y desmontar sus convenciones colectivas, mediante el procedimiento de liquidar las empresas y, a renglón seguido, crear otra que cumpla las mismas funciones, incluso en las mismas instalaciones, y bajo otra razón social, pero sin la incómoda presencia de los sindicatos. Lo grave del asunto consiste en que tan ominoso proceder sea bendecido por organismos como la CGT, a quien la D de democrática le quedó grande, en cuanto su dirigente Julio Roberto Gómez, no tiene ningún empacho en recibir una condecoración de manos del ministro que ordenó la eliminación de entidades como Telecom, o más recientemente, ordenó la supresión de Audiovisuales, cuyos sindicatos eran filiales de esa central. La condición de camaleón del citado personaje le permite ser el único dirigente que tiene cuotas burocráticas en el gobierno nacional y en el supuesto gobierno opositor del distrito capital, lo cual sugiere que las diferencias entre esas dos instancias de poder no son tan grandes como algunos suponen.

Como se puede observar no han sido favorables los vientos para las organizaciones obreras, carentes de diestros timoneles que las conduzcan a puerto seguro. Pese a lo adverso de las circunstancias se impone templar el espíritu y redoblar las faenas de organización y concientización, a la espera de que el ardor de la lucha rebase a la inconsecuente mayoría empotrada en la actual dirección.

LA IZQUIERDA SE REACOMODA

En el terreno exclusivamente político los asuntos no parecen ir mejor. Las dos grandes agrupaciones que se han ido conformando, el Polo Democrático y Alternativa Democrática se caracterizan por estar más afanadas por los ajetreos electorales, que por resolver los seculares males que aquejan a la nación y el pueblo. Son los temas del umbral, la personería jurídica, la representación parlamentaria y la mecánica comicial los que desvelan a sus principales integrantes, e incluso, algunos de entre ellos sueñan con que ha llegado la hora de derrotar en las urnas a las huestes neoliberales. Como se trata de amontonar todas las fuerzas, lo de menos son los principios y, entonces, las discusiones del pasado, cuya vigencia es indiscutible, deben ser desechadas por inconvenientes.

Para acomodarse a esas circunstancias, por ejemplo, se hace a un lado la reivindicación central del campesinado, la propiedad de la tierra para su cultivo, en aras de eventuales alianzas con los agricultores o los terratenientes. Mientras que el PTC arguye que hoy la principal fuerza social son las desclasadas masas urbanas y que los rezagos feudales en el campo han sido superados para llevarnos al estadio precapitalista, el MOIR pone como contradicción principal en el campo la avalancha de exportaciones provenientes de los Estados Unidos, un asunto de vieja data en la economía nacional. Se hacen los de la vista gorda ante la evidencia de que el agro colombiano ha alcanzado los más altos niveles de concentración e improductividad de la tierra, características propias del semifeudalismo y de que la base de la colocación de los excedentes agrícolas norteamericanos es, precisamente, el marginamiento de la tierra de las faenas productivas.

En la lógica del PTC, como se trata de construir un frente a las volandas y lo más amplio posible, con la perspectiva del próximo debate electoral, se tejen todo tipo de ilusiones acerca de posibles aliados, a los cuales se les atribuyen sobresalientes características, más allá de lo que verdaderamente representan, para después llevarse una tremenda desilusión. Tal es el caso de personajes como Carlos Alonso Lucio, a quien exaltaron como un gran patriota y ahora funge de asesor de las Autodefensas, o de Evo Morales, el cual fue merecedor de amplia entrevista en la Nueva Gaceta y terminó del lado del gobierno boliviano y expulsado de la Central Obrera Boliviana. Sus elucubraciones sobre la vieja clase política, su más anhelado aliado, se fueron al traste cuando el más caracterizado exponente de ese sector, Julio César Turbay Ayala, convocó a la creación de un movimiento de respaldo a Uribe Vélez, para no referirnos a las expectativas forjadas alrededor del ex embajador del gobierno en la OEA.

Debido a todo ello, en los criterios que guían las concurrencias que se vienen dando, se recogen consignas antaño desechadas, como la “Lucha por el Estado Social de Derecho…los derechos humanos…y la paz con justicia social”, inscritas en la plataforma de Alternativa Democrática, firmada en la reciente reunión de Paipa. Es pertinente recordarles que el Acuerdo Político suscrito en febrero de este año, entre el gobierno y las fuerzas políticas que lo respaldan, se fundamenta en “…la defensa del Estado Social de Derecho consagrado en nuestra Constitución”. En cambio, la condena al terrorismo desapareció del lenguaje moirista, porque puede espantar a posibles aliados en las próximas lides electorales y es suplantada por los postulados que antaño criticara el fundador del MOIR, Francisco Mosquera, a los revisionistas criollos. Otro ejemplo de tal desviación la constituye la postura asumida por el Senador Robledo, ante la reelección de Uribe, aseverando que se opone a “…la reelección en general”, porque es un hecho que reviste mucha “…gravedad para la democracia que rige en Colombia…” . Como si no formara parte del acervo legado por Mosquera que la democracia burguesa esconde, en realidad, la más vulgar dictadura de una ínfima minoría sobre la inmensa mayoría. Por ello se puede afirmar que se han convertido en una de esas fuerzas “…inservibles para la lucha revolucionaria del proletariado, que no son partidos combativos del proletariado y que conduzcan a los obreros al poder, sino máquinas electorales apropiadas para las elecciones al parlamento y para la lucha parlamentaria…”

En otra orilla se ubican quienes también transitaron por sendas revolucionarias, pero ahora fungen de acólitos del uribismo y reproducen los escritos de Francisco Mosquera, sin tener en cuenta que las circunstancias han cambiado desde que fueron elaborados y, además, los mutilan para acomodarlos a sus propósitos, otra forma de revisionismo. En verdad se trata de buscarle justificación teórica a su postura de apoyo a Uribe Vélez, a partir de coincidir con él en que el principal problema nacional es la violencia.

En fin, mientras el gobierno desciende en popularidad y convocatoria y el pueblo se anima a enfrentarlo, la ausencia de una dirección clara y consecuente impide que se avance en procura de dotar la nación de un Frente antiimperialista y antioligárquico.

MOIR Línea Francisco Mosquera
Diciembre de 2004.