A
Manera de Mensaje de Año Nuevo (*)
El personaje colombiano de 1988, por
así decirlo, fue indudablemente la violencia. Y repite,
porque también tuvo primerísima distinción
en 1987, 1986 y 1985. La seriedad del asunto estriba en que nos
hallamos, no ante un fenómeno cualquiera, sino frente a
la implantación en las lides políticas de los bárbaros
métodos de la extorsión y el crimen. Dentro de las
múltiples causas de la incontenible mortandad, enumeradas
durante este largo tiempo por sociólogos y comentaristas
de distinto jaez, sin excluir la gratuita impugnación al
carácter supuestamente perverso de los colombianos, poca
importancia se le ha atribuido al principal factor: el ruinoso
legado de la estrategia apaciguadora de Belisario Betancur. Sorprende
la "amnesia" colectiva, sobre la cual divagaba no hace
mucho otro de nuestro expresidentes.
Luego de la toma del Palacio de Justicia
por parte del M-19, que concluyó segando la vida de la
mitad de la Corte, en cualquier país medianamente culto
se habría procedido, ante lo trágico y nocivo de
los acontecimientos, a una rectificación de fondo. Pero
no. Al mes siguiente de los luctuosos episodios, el propio mandatario,
en entrevista a Le Nouvel Observateur que reprodujo El Tiempo
de Bogotá, orondamente reiteró no haber "cerrado
las puertras al diálogo" dentro del "proceso
de paz en que nos hallamos empeñados". Con el agravante
de que en dicho reportaje aceptaba que a la hora del día
del asalto "había cita" con el propósito
de barajar acuerdos. En otras palabras, los terroristas desprevinieron
al jefe del Estado mientras preparaban la temeraria ocupación.
De momento no queremos extendernos sobre algo que pasó
inadvertido pero que se dijo. Una confesión de cuyas verdaderas
implicaciones nadie se ha ocupado pero que bien hubiera merecido
una investigación, en lugar de la retórica denuncia
ante la Cámara del exprocurador Jiménez Gómez
en torno a las vicisitudes del operativo militar, puesto que concierne
a la forma como se cumple con los deberes constitucionales de
salvaguardar la seguridad pública inherentes al ejercicio
del cargo presidencial. Apenas sí lo tomamos cual punto
de referencia, ahora, cuando las figuras estelares del cuatrienio
anterior, los doctores Betancur y Pastrana, conmovieron a su audiencia
al demandar, en comunicado conjunto del nueve de los corrientes,
las "aproximaciones necesarias? entre el gobierno y la Coordinadora
Guerrillera, con el sofisma de que los frentes de las Farc una
vez más "cesaron unilateralmente fuegos".
No se trata, pues de ingenuas tolerancias.
Además, la ingenuidad reiterativa se convierte en complicidad.
Estamos ante una estratagema meditada y tejida con antelación,
merced a la cual segmentos de la clase dominante, primordialmente
el ala mayoritaria del Partido Social Conservador y algunos liberales
ávidos, han comenzado su fragoso ascenso hacia el pleno
poder buscando reeditar la triste crónica de la paz belisariana.
Se pretende empeñar la tranquilidad del pueblo por otros
cuantos años más a cambio de una irrefrenable ambición.
Y se hace conscientemente, ya que ningún colombiano ignora
el costoso desencanto de una pacificación que lo ensayó
todo o casi todo, menos la desmovilización de los grupos
insurrectos.
Los resultados están a la vista.
Nunca hubo tal afloración de delitos en nuestras tierras
como en la actualidad; pero tampoco jamás se había
admitido el proselitismo armado, con lo que se puso en desventaja
a las colectividades desprovistas de instrumentos bélicos
y se quebrantó la igualdad de los ciudadanos frente a la
ley, ese postulado básico de la organización republicana.
Tal deterioro de las costumbres políticas, fuera de lesionar
directamente a las masas irredentas y en especial al movimiento
obrero, se ha tornado en otra de las protuberantes trabas al desarrollo
nacional. Suprimir tan enorme perturbación representa una
labor prioritaria del futuro inmediato. Para ello se precisa de
por lo menos las siguientes condiciones: rechazo a los intentos
de revivir el viejo pacifismo fracasado; apoyo a los sectores
que han tenido que adelantar sus quehaceres habituales bajo las
exacciones continuas de la coacción autorizada, y establecimiento
de unas explícitas reglas de juego democráticas
de obligatoria observancia para todos los.partidos.
Creemos que el plan de paz de la administración
Barco, de esgrimirse tal cual ha sido esbozado, contribuirá
a estos anhelos y por tanto debe respaldarse. De cualquier modo,
que no haya más treguas indefinidas, más diálogos
estériles ni más pactos altisonantes, mientras la
nación entera se debilita, se desangra y se corrompe.
EL PROBLEMA SOCIAL NO DETERMINA LA INSURRECCIÓN
Desde finales de la década del
cincuenta los anarquistas criollos vienen imputando sus frustradas
rebeliones a las agudas diferencias económicas que prevalecen
en la sociedad. El argumento suena muy sabio; sin embargo, resulta
profundamente falso. En cualquier época y lugar, al margen
de cuán extremada sea la miseria de las gentes, el requisito
indispensable de cualquier guerra civil del modelo que entre nosotros
se pregona consiste en el concurso eficaz de la población.
Y en Colombia, por lo menos desde el surgimiento del Frente Nacional,
el pueblo se ha mostrado apático a la solución violenta.
Seguir justificando las aventuras terroristas con los desajustes
sociales, como suelen hacerlo los políticos astutos y los
clérigos piadosos, significa simplemente que nunca habrá
"paz", pues las transformaciones históricas no
se coronan en un santiamén ni brotarán de los arreglos
de tregua. Los insurgentes continúan supeditando cualquier
compromiso verdadero con el régimen a un entendimiento
previo sobre los proyectos de desarrollo, el reparto de la riqueza
y aun la inclusión en la nómina oficial. A los colombianos
les consta que bajo semejantes premisas la llevada y traída
reconciliación no deja de ser una entelequia, cuando no
un engaño.
Como la acción guerrillera está
de espaldas a la realidad, sus auspiciadores se han dado progresivamente
licencias que riñen con los procederes revolucionarios.
El sostenimiento de las huestes errantes se vuelve la preocupación
más imperiosa. Los diversos comandos, en una forma u otra,
han aceptado ejercer el secuestro, y el país lo sabe. Cuando
caen de improviso sobre uno de esos, municipios olvidados de Colombia
van infaliblemente tras los fondos de las pequeñas oficinas
de la Caja Agraria. En el último período han enfilado
sus iras contra los medios productivos, destruyendo fábricas,
tumbando torres de energía, inutilizando dragas, prendiendo
galpones o volando oleoductos. Presionan a los campesinos de las
regiones marginadas a emprender marchas en solicitud de vías
y de puentes, y luego los dinamitan. Respecto a las bregas políticas
y gremiales, no resisten la tentación de echar mano de
los medios coercitivos para dirimir las controversias y precipitar
las decisiones.
Los adalides de esta tendencia han llegado
a tales límites que Jorge Carrillo, su connotado socio
dentro del campo sindical, denunció en medio del desconcierto,
tras el fallido paro del 27 de octubre, que la protesta "fue
derrotada por la subversión y el terrorismo"; atreviéndose
incluso a exigir que se rechace toda ayuda de la guerrilla al
sindicalismo" y "que la Cut no se preste a campañas
contra las Fuerzas Armadas", un vuelco harto sustancial.
En síntesis, las hazañerías
de la extremaizquierda nada tienen que ver con una eclosión
del descontento popular. Todo lo contrario. Intentan sustituir
la actuación de las masas, pisotean los funcionamientos
democráticos, ferian la vida de propios y extraños,
alteran el desenvolvimiento civilizado de la confrontación
política y dañan los bienes de utilidad pública.
En su corto desplazamiento hacia el Río de la Patria, José
Antonio Galán dejó sobre el tema bellas lecciones,
no sólo de escrupuloso uso de las propiedades que temporalmente
incautó, sino de respeto a las existencias de los enemigos
que quedaban inermes.
EL EJÉRCITO TAMPOCO ES EL RESPONSABLE
DEL CONFLICTO
Las otras tesis con que se sustenta
la congruencia del levantamiento armado, o la táctica de
"la combinación de todas las formas de lucha",
por lo común giran alrededor del papel represivo de las
Fuerzas Armadas. Esta postura luce bastante radical mas carece
de fundamento. Después del entreacto castrense, que dio
fin a la cruenta disputa entre liberales y conservadores, el régimen
vigente ha avanzado por la senda de la democracia representativa,
con las obvias limitaciones correspondientes a su índole
de clase. Las entidades encargadas del orden no han sido ni más
ni menos draconianas que lo característico en una república
burguesa de tipo medio. No obstante mantenerse en la práctica,
el bipartidismo se ha ido desmontando jurídicamente, así
sea al estilo colombiano, a cuentagotas, hoy un artículo,
mañana un inciso. Aquí las facciones políticas
no se han visto obligadas a enmontarse con el objeto de eludir
la espada exterminadora del Estado. Sucede a la inversa. A pesar
de enmontarse sobreviven bajo el manto de la legalidad.
Se distorsionan innecesariamente las
cosas cuando se afirma que en Colombia, en las últimas
décadas, el llamado estamento civil ha estado sujeto a
la égida militar. Antes bien, bajo el experimento del "sí
se puede", los caprichosos dictámenes del Ejecutivo
obstaculizaron de continuo el despliegue del ejército,
a la par que aumentaban con inusitada rapidez los motivos de zozobra.
Durante la vigencia de la tregua más de un general de la
república ha salido milagrosamente ileso de brutales atentados;
y a dos ministros de la defensa se les decretó la baja,
sin ningún, miramiento, por pedir "pulso firme"
ante la descomposición reinante. Si el uniforme ha adquirido
cada vez mayor realce, ello obedece a los prodigios de la pacificación
dialogada. ¿Por qué quejarnos entonces de que se
les entregue en custodia a los militares las zonas maceradas por
el genocidio y la vindicta? ¿O que éstos adopten
el cariz deliberante que los cánones les prohiben? ¿No
llegamos a esa paradoja después de mucho trámite,
elucubración e incumplimiento? Un inopinado desenlace que
acabó restringiéndole la libertad de opinar al desprotegido
en tanto se la prodiga a quienes posean la protección suficiente
para sí y para otros.
El surgimiento de los apodados grupos
de autodefensa constituye, sin más requilorios, otra de
las repercusiones nefandas de la comedia de la "paz".
Aparecieron después de la amnistía y de la firma
de los armisticios, no antes. Encarnan una respuesta a la "guerra",
no la razón de ésta. No son criaturas primigenias
de las tropas regulares, como inocentemente se arguye. Tales desviaciones
cuentan con un soporte social muy definido, las incontables víctimas
de la "vacuna revolucionaria". La instauración
de la venganza cual macabro expediente para resolver las contradicciones
políticas nos parece la peor purulencia de los males que
acongojan a Colombia. Sin embargo, nos encontramos convencidos
también de que mientras no se despejen los interrogantes
que estamos planteando; mientras no cesen las vivezas de las siglas
que burlan los códigos y a la vez desean disfrutar de las
franquicias de la democracia; mientras no se asuma, una actitud
consecuente, diáfana, ante la urgencia de que rijan, sin
favoritismos y conforme a derecho, las instancias constitucionales,
seguirá prevaleciendo la temida justicia privada. Hasta
Bernardo Jaramillo Ossa, el locuaz presidente de la UP, ha admitido
que la muerte por cientos de copartidarios suyos "tiene que
ver con el origen de la agrupación", "ligado
al movimiento guerrillero". Lo intuyen, mas le echan la culpa
total a las deficiencias del sistema en materia de garantías
democráticas. No obstante, a la dirección del Partido
Comunista bien le valdría recapacitar sobre estas conclusiones
de uno de sus miembros y corregir la línea, en beneficio
del país y de la militancia.
En presencia del oscuro panorama, muchos
de los partidarios de los tejemanejes del apaciguamiento han decidido
enarbolar, con ínfulas de grandes descubridores, los antiguos
enunciados del derecho de gentes. Estimuladas ya las tentativas
insurreccionales tras la divulgación de toda suerte de
mentirosos criterios, ahora se piensa darles legitimidad, subordinando
las medidas de control de la conmoción interior a las laxas
interpretaciones de los convenios de Ginebra y corriendo los albures
de los nuevos percances que de ellos surjan. Se propone no terminar
la vandálica reyerta sino humanizarla. Y lo ansían
igualmente los alzados en armas, inclusive reclamando la utilización
en tal sentido del articulo 121, con miras a internacionalizar
su pleito y contener, de paso, a los cuerpos de seguridad. ¡Que
intervengan en los asuntos internos nuestros cuanta asociación
fantasmal hayan creado en el mundo los áulicos de Nicaragua,
Cuba y la Unión Soviética! Eso por un lado, y por
el otro, ¡que el gobierno practique la "paz" aunque
se le imponga la "guerra"! No otra cosa han entrañado
las delegaciones extranjeras invitadas por los organismos legales
de la guerrilla para que juzguen el traumático acontecer
del país. Olas exhortaciones a que las autoridades resguarden
a quienes, además de incurrir en los denominados delitos
conexos a la rebelión, atacan vehementemente a la fuerza
pública. ¿En qué contienda civil digna de
su nombre el bando insurgente le exige amparo al bando del orden,
cual ocurre en Colombia, sobre todo a raíz de las horrendas
y repudiables masacres del año que expira?
Miguel Antonio Caro, el estilista de
la supérstite Constitución de 1886 afirmaba que
"nada es ciertamente tan anormal como la guerra". Ya
entonces, y aun desde antes, se reconocía que la única
talanquera del estado de anormalidad radica en las vaguedades
del referido derecho de gentes porque el resto de prerrogativas
consagradas se suspende o puede suspenderse en procura del retorno
a la tranquilidad ciudadana. De ahí que los alegatos sobre
los alcances de las normas de excepción, o sobre el reconocimiento
o no del carácter beligerante de los sublevados, se ventilen
a costa de las masas expoliadas, cuyas conquistas democráticas
languidecen a medida que se avivan las disquisiciones exegéticas.
Al pueblo trabajador, en definitiva, muy poco le conviene reemplazar
las posibilidades del precepto escrito con las artificiosas alteraciones
y las ilusas perspectivas de una revolución tramitada por
decreto.
LA PRODUCCIÓN NACIONAL NO HA
CONTADO CON EFECTIVO APOYO
La creencia de que la lucha reivindicativa
requiere para su buen augurio del aherrojamiento de los sectores
productivos de la ciudad y el campo es otro de los extendidos
equívocos que la nación está en mora de dilucidar.
El atraso y el. yugo económico de los consorcios de las
metrópolis tradicionales hacen de las tareas de la industrialización
de Colombia un desafío progresista y hasta heroico. Bastantes
comentarios ha merecido la situación de la zona bananera
de Urabá, donde se lleva a cabo un encomiable esfuerzo
de desarrollo. Si allí se prescindiera de la cooperación
de los trabajadores, lógicamente no habría nada;
pero el tacto y el arrojo de los inversionistas también
han sido claves para la obtención de metas tan tangibles
como la trasferencia a la balanza de pagos de doscientos millones
de dólares anuales por concepto de exportaciones. En aquella
esquina del territorio patrio se ha librado una recia batalla
contra la dejación de los gobiernos, la preponderancia
de las comercializadoras extranjeras y, recientemente, contra
los efectos mefíticos de la violencia. Podríamos
traer a cuento muchos otros ejemplos elocuentes, en particular
el de los restantes cultivos tecnificados, cuyos propugnadores,
a punta de sacrificios, le pulen poco a poco la mustia faz al
agro colombiano. Con todo, no existe suficiente comprensión
sobre la trascendencia de tales consecuciones. Más de un
activista político cosecha aplausos entre el electorado
con sus improperios contra industriales y agricultores. Los debates
de la última reforma agraria se dirigieron a fustigar más
a los empresarios encargados de la modernización de las
áreas rurales que a quienes todavía personifican
los remanentes del feudalismo. La capa burguesa cuya fortuna se
deriva directamente del Estado o de los favores de éste
o que amasa su riqueza por medio de las operaciones especulativas,
con frecuencia aspira a soslayar sus privilegios arremetiendo
contra la capa burguesa ligada al engranaje productivo. Y desde
los tiempos de López Michelsen los roces entre funcionarios
y gremios se han venido agudizando. Escollos todos éstos
que sí debieran allanarse a través de un consenso
que jalone el crecimiento material del país, sin el cual
ningún programa de rehabilitación tendrá
significado valedero. La prosperidad no será factible con
la supremacía de los menesteres parasitarios sobre las
acucias de la producción, o con un manejo indebido de la
deuda externa, el déficit fiscal junto a sus secuelas inflacionarias
y los otros parámetros fundamentales de la economía.
En cuanto al proletariado, se halla
muy ajeno a cifrar su ventura en la destrucción de las
máquinas o en el asolamiento de las gentes. El Sindicato
de Mineros de Antioquia, con sede en el municipio de El Bagre,
por su cuenta y riesgo acaba de disponer, "en legítima
defensa del sagrado derecho al trabajo" la reparación
de las torres que suministran el fluido eléctrico a la
empresa y que fueron derribadas por la guerrilla. Este primer
precedente claro nos está advirtiendo hasta qué
punto los adelantos de la lucha obrera llegan a conjugarse, dentro
de nuestras singulares circunstancias, con la preservación
y el fomento de las fuentes de empleo.
El cometido del MOIR reside actualmente
en recoger las reconfortantes enseñanzas que dejan los
despropósitos y los desafueros de más de un lustro
de historia colombiana. A mediados de 1988 las disímiles
banderías coincidieron con nosotros en el llamamiento a
construir un frente único por la salvación nacional.
Lo curioso es que muchas de ellas interpretaron la consigna como
la oportunidad de volver a las abortadas maniobras del pasado,
cuando, precisamente, se barrunta la ocasión feliz para
un replanteamiento justo y valeroso, sobre el cual seguimos insistiendo.
¿Acaso los nuevos horizontes no han sido siempre el hallazgo
de las épocas de intranquilidad, no de los días
de calma?
Movimiento Obrero Independiente
y Revolucionario MOIR
Comité Ejecutivo Central
Francisco Mosquera
Secretario General
Diciembre 30 de 1988
Notas:
(*) Publicado en El
Tiempo el 31 de Diciembre de 1988
